El gobierno central parece que ha convertido a la Gestora Pública en una suerte de “caja chica” y estaría disponiendo de los recursos económicos de los jubilados. La renuncia del gerente debió encender las alarmas y generar una crisis de proporciones. Que la nueva autoridad sostenga que la entidad no presta dinero, sino invierte dinero no hace más que aumentar las sospechas. Hace poco la diputada Luciana Campero denunció que el decreto supremo 5348 era una estafa del gobierno de Luis Arce. ¿Qué significa esto? Que el gobierno podía meter las manos en los ahorros de los ciudadanos que tienen cuentas en el Banco Unión y en los fondos de la Gestora Pública (que son recursos privados).

Los recursos de las personas de la tercera edad deben ser (literalmente) sagrados. Las sospechas comenzaron ni bien el gobierno nacional se hizo cargo de su administración y rechazó conformar el directorio. La ley N° 065 de 10 de diciembre de 2010 establece que la Gestora Pública estará conformada por un directorio (arts. 154-155). El gerente siempre fue interino y el manejo ha sido político y discrecional.

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