Mientras una minoría marcha cada primero de mayo para celebrar incrementos salariales y conquistas sindicales, la cruda realidad es que la inmensa mayoría del país está en las calles buscando el pan del día. La legislación actual y la dirigencia tradicional se han convertido en un club exclusivo que defiende a capa y espada los privilegios de apenas un 10% formal. Con esto, se condena al 90% de la población a la precariedad total, sin acceso a un seguro social ni beneficios básicos. Las leyes pesadas y el hiperproteccionismo estatal, irónicamente, se han vuelto el mayor enemigo de la creación de empleo digno.

Desde la experiencia en la administración pública y el análisis técnico-jurídico, es evidente que intentar regular la economía del 2026 con la Ley General del Trabajo de 1939 es como tratar de operar una computadora cuántica con un manual de una máquina de vapor.

La hipocresía del Estado y el extravío de la COB

La Central Obrera Boliviana (COB) fue históricamente un instrumento de lucha forjado en la Tesis de Pulacayo, de Colquiri, Socialista. Hoy, sin embargo, ha pasado de ser un actor social a un brazo político. Sus exigencias de incrementos irresponsables asfixian la estructura de costos de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) y fomentan que más empresas cierren o se informalicen.

Pero la mayor paradoja radica en el doble estándar del Estado. Mientras el Gobierno exige estabilidad laboral absoluta al privado, el propio Estado es el principal precarizador de empleo. Al utilizar contratos de línea o consultorías, niega a miles de servidores públicos el derecho a la estabilidad laboral y los beneficios que la propia Constitución Política del Estado (CPE) declara como "irrenunciables".

El sinceramiento: un "21060 laboral" para la inclusión

En 1985, el país se desangraba económicamente por la........

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