Una de las reformas urgentes que deberá encarar la próxima gestión de gobierno es la transformación del actual sistema de fiscalización y control social. Este conjunto de instituciones responsables de regular y supervisar actividades donde intervienen agentes privados como la banca, telecomunicaciones, transporte, seguros, juegos, saneamiento básico, electricidad, cooperativas, pensiones y empresas, requiere redefinir su rol, estructura y orientación para adecuarse a los desafíos de una economía en transición.

Originalmente concebidas como Superintendencias, estas entidades eran parte esencial de las reformas del Estado posteriores a la capitalización y la privatización. Su objetivo era equilibrar los derechos y obligaciones entre operadores, usuarios y el Estado, asegurando la eficiencia, promoviendo la inversión privada y la sana competencia, y evitando los monopolios. Para ello, se crearon contratos regulatorios para cada sector y leyes específicas, bajo un modelo de autonomía técnica y administrativa, pero sobre todo de independencia política, ya que sus máximas autoridades debían ser designada a partir de una terna propuesta por el Legislativo.

Durante su breve existencia, estas entidades........

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