Hace unos días, el presidente Rodrigo Paz anunció que uno de los principios de su gobierno será “cimentar una cultura de confianza entre los bolivianos”. Lejos de una consigna circunstancial, este objetivo debería asumirse como una prioridad nacional si se quiere recomponer el tejido social y asegurar la gobernabilidad democrática, el desarrollo económico y la cohesión social, más aún en un país que ha construido buena parte de su identidad colectiva alrededor del escepticismo.

Según la Encuesta Mundial de Valores (2018), apenas el 9% de los bolivianos cree que se puede confiar en los demás. En la misma línea, el Latinobarómetro 2024 muestra niveles alarmantemente bajos de confianza en las principales instituciones del Estado: el 12% confía en el gobierno, el 13% en el Órgano Judicial, el 10% en los partidos políticos, el 16% en la Policía, el 20% en el Parlamento y el 24% en los sindicatos. Estas cifras nos sitúan en los últimos lugares entre los países del continente.

La confianza puede definirse como la expectativa compartida de que las personas y las instituciones procederán de manera previsible, honesta y conforme a reglas preestablecidas. En el ámbito público, implica creer que el Estado ejercerá el poder dentro de límites, que respetará derechos, cumplirá compromisos y actuará en función del interés general.

En........

© El Deber