¿Cómo se reconfiguran los parámetros de legitimidad democrática en una sociedad donde la protesta históricamente sacralizada por el corporativismo sindical empieza a ser evaluada bajo criterios de derechos ciudadanos, y no solo como una manifestación incuestionable de demandas populares?

El reciente y explícito respaldo de la opinión pública, junto al pronunciamiento de diversas instituciones sociales y políticas que exigen el juzgamiento de los dirigentes e implicados en el brutal bloqueo que paralizó al país durante 53 días, no constituye un hecho aislado ni meramente coyuntural, sino, marca una diferencia cualitativa fundamental en el desarrollo y la maduración de la conciencia democrática de la sociedad boliviana. Hasta hace muy poco tiempo, reconocer abiertamente que los bloqueos de caminos representaban medidas profundamente antidemocráticas y violatorias de los derechos fundamentales de los ciudadanos, resultaba una postura prácticamente imposible de sostener en el debate público, dado que, la narrativa dominante tendía a naturalizar e incluso a romantizar estas formas de acción colectiva radical como expresiones legítimas de la protesta social. Hoy en día, sin embargo, asistimos al agotamiento de ese viejo paradigma propio de lo “popular”, una matriz discursiva en la que bastaba la sola apelación a la participación del “pueblo” para inhibir de manera automática cualquier expresión en contra o cualquier intento de argumentación legal. De hecho, las “movilizaciones” se situaban por encima del ordenamiento jurídico general.  El uso de........

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