En 2005, desde mi escritorio como directora de Comunicación del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, fui testigo de un momento de transición política y social que marcaría un hito en la gestión energética del país. Eran los días en que la Tarifa Dignidad, una medida inicialmente trabajada durante el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario, terminaba siendo heredada y capitalizada por el Movimiento al Socialismo. En ese entonces, las reglas parecían estar escritas por una bonanza gasífera que alimentaba la promesa de convertir a Bolivia en el “corazón energético” de Sudamérica. Dos décadas después, la realidad es radicalmente distinta. La abundancia quedó atrás y las reglas del juego deben adaptarse a una economía mucho más vulnerable.

El reciente Decreto Supremo N.° 5647 es, precisamente, la expresión de ese cambio de época. A........

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