Apenas unas horas después de que el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo Carrasco, publicara su artículo “La diplomacia del interés nacional”, la realidad política interna ha propinado un brusco choque de frente contra sus postulados teóricos. En su columna, el jefe de la diplomacia boliviana sostiene con lucidez que la política exterior del siglo XXI ya no es una cuestión de meros protocolos, sino una herramienta estratégica para inspirar “confianza, previsibilidad y credibilidad” ante el mundo. Asegura, además, que el país debe erigirse como un actor capaz de “articular Sudamérica”. Sin embargo, mientras el canciller redacta estas líneas de impecable corte institucional, las últimas informaciones procedentes del Palacio Quemado y de la Asamblea Legislativa Plurinacional revelan una grieta insalvable: el gobierno del presidente Rodrigo Paz avanza decididamente en la legalización masiva de los denominados “autos chutos” o vehículos indocumentados. Se trata de una flagrante contradicción vital entre lo que Bolivia proyecta externamente y lo que convalida en sus fronteras.

La propuesta de Rodrigo Paz, formulada desde su campaña y defendida bajo el pragmatismo de “sincerar la economía popular”, busca regularizar un mercado informal gigantesco. Los datos técnicos de la Cámara Automotor Boliviana (CAB) y de diversos análisis sectoriales son escalofriantes: se estima que en la actualidad circulan en Bolivia al menos 1,4 millones de vehículos indocumentados.........

© El Deber