A quince años de promulgada la nueva Constitución Política del Estado en Bolivia, aún no se reduce la brecha en la participación política indígena en los tres niveles de gobierno, pero sobre todo en el nivel central. Este derecho de los pueblos indígenas sufre una serie de limitaciones a partir de las normas que rigen el ámbito electoral: Ley Nº 421 de 2009, Ley Nº 026 de 2010, Ley Nº 421 de 2014 y Ley Nº 1096 de 2018. Este conjunto regulatorio pone en evidencia la hegemonía de los actores y de los mecanismos tradicionales de la democracia liberal representativa frente a los actores de la democracia comunitaria, quienes reducen y limitan su participación y representación política plena en el escenario de la democracia intercultural en el país, incluso en contrasentido del espíritu de la nueva Constitución.

En las Elecciones Generales de 2020, las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas no pudieron postular candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional fuera de las circunscripciones especiales indígenas. Tal fue el caso de la nación Yampara de Chuquisaca, que en febrero de ese año presentó candidatos propios para la circunscripción uninominal N° 3 sin la intermediación de un partido o alianza política. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) los inhabilitó, al no tratarse de una de las siete circunscripciones especiales reconocidas. Ante esta situación, los representantes de la nación Yampara presentaron un amparo constitucional para exigir su habilitación.

En las Elecciones Generales de 2025, a excepción de las circunscripciones especiales, no se permite a las organizaciones de naciones y pueblos indígenas presentar sus candidatos para el legislativo y el ejecutivo, sino mediante los partidos o alianzas políticas, lo cual vulnera sus derechos políticos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales, como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos........

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