Por mucho tiempo en Bolivia, el concepto de “nacional-popular” fue algo así como un emblema de dignidad política. Una idea potente: que los obreros, trabajadores, indígenas y sectores populares, tradicionalmente marginados, podían al fin organizarse, tomar la palabra y construir un país desde abajo. René Zavaleta, uno de nuestros pensadores más brillantes, lo vio como el momento en que los subalternos se convirtieron en protagonistas del Estado. Hasta ahí, todo bien. El problema empezó cuando ese sueño se volvió una oficina estatal y burocrática.

Porque si bien la Revolución del 52 abrió las puertas del Estado a los sectores populares, no lo hizo para transformar todo de raíz. Lo que vino fue otra cosa: un sistema donde los sindicatos, las comunidades y las organizaciones sociales se conectaban al Estado no para cambiarlo, sino para vivir de él. Un modelo donde el conflicto político fue reemplazado por la gestión de favores. Con la llegada del movimiento al socialismo (MÁS) al poder El Estado se aprimoro como distribuidor de prebendas.

Lo nacional-popular dejó de ser una visión de país y se volvió una lógica rentista: “Te doy si me apoyas”. O el clásico: “hoy por ti, mañana por mí”. Así, las organizaciones sociales se llenaron de dirigentes que, más que representar a sus bases, negociaban con el gobierno de turno: puestos de trabajo, tractores, decretos, presupuestos, políticas públicas a medida de intereses, algún viajecito. Y a cambio, claro, silencio. O marchas con wiphalas bien planificadas.

De a poco, se instaló una especie de economía política del favor, donde el Estado era visto como una gran caja, más que como un espacio para debatir el rumbo colectivo. El resultado fue un clientelismo institucionalizado, que redujo la política a una conversación de cuotas: ¿cuánto me toca?. Por su puesto, esto fue favorecido por........

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