En un país donde el bloqueo de caminos se ha convertido, con demasiada frecuencia, en la primera respuesta frente al conflicto, cualquier iniciativa destinada a prevenir sus efectos merece ser discutida sin prejuicios y, sobre todo, sin simplificaciones. La Ley Departamental Antibloqueo promulgada por la Gobernación de Santa Cruz parte de una premisa que debería ser elemental, pero que no siempre se cumple: prevenir una crisis es mejor que administrar sus consecuencias cuando el daño ya está hecho.

La norma no desconoce el derecho constitucional a la protesta ni pretende convertir la expresión del descontento ciudadano en una conducta reprochable. Protestar es un derecho y una herramienta legítima de la democracia. Pero ningún derecho puede ser entendido de manera aislada del resto de los derechos que protege la Constitución. Cuando una protesta deriva en cortes prolongados de carreteras y termina impidiendo el libre tránsito, dificultando el acceso a servicios de salud, interrumpiendo el abastecimiento de alimentos o combustibles y paralizando actividades económicas esenciales, el problema deja de ser exclusivamente sectorial. Se convierte en un conflicto que afecta a toda la........

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