La polémica surgida en torno a las declaraciones juradas del ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, ha vuelto a poner sobre la mesa una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿para qué sirven realmente las declaraciones juradas de bienes y rentas en Bolivia?

La discusión no debería concentrarse únicamente en un vehículo, en una cifra o en una autoridad específica. El verdadero problema es otro. Durante años, gobiernos de distintos signos políticos han exhibido una realidad llamativa: ministros, viceministros, autoridades judiciales, fiscales, vocales electorales y altos funcionarios que, según sus declaraciones juradas, poseen patrimonios modestos, pocos bienes a su nombre o importantes deudas bancarias, pese a contar con extensas trayectorias profesionales en el sector público o privado.

Tener pocos bienes no constituye delito. Tener deudas tampoco. Y sería tan injusto como absurdo medir la honestidad de una persona por el tamaño de su patrimonio. Sin embargo, cuando se trata de quienes administran recursos públicos, toman decisiones que........

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