En Bolivia, la política se siente pero raramente se discute. Datos de 2023 revelan que la mitad de los bolivianos sigue la actualidad política con interés, pero evita debatirla para no fracturar relaciones sociales o familiares. Más revelador aún: más de siete de cada diez ciudadanos consideran que los partidos políticos son irrelevantes para el futuro del país. En ese ecosistema de apatía organizada, Rodrigo Paz cumple cinco meses en el poder. La pregunta no es si sobrevivirá políticamente —su carisma y aprobación popular lo sostienen por ahora—, sino si está desperdiciando el único capital que no se recupera: el tiempo político.

La fotografía a medio año tiende a ser la de un gobierno atrapado entre la herencia y la urgencia. Si bien el frente económico parece, por el momento, contenido, la agenda política del primer semestre ha sido capturada por una serie de crisis que el gobierno no ha sabido gestionar con eficacia narrativa. La más emblemática es la del combustible: un tema de fondo estructural que se ha convertido en el termómetro de la gestión y en el principal campo de batalla comunicacional de la administración Paz Pereira.

La derrota más costosa, sin embargo, fue simbólica: la Central Obrera Boliviana (COB) ganó la primera prueba de fuerza en la sede de gobierno. En política, las victorias sindicales tempranas, lejos de ser reivindicaciones laborales, son señales de poder que el resto de los actores leen con atención. El precio de ceder ante la COB se paga en credibilidad frente a quienes observan dónde está realmente el centro de gravedad del poder.

El aparato comunicacional del gobierno ha mostrado grietas estructurales. La renuncia de la vocera presidencial —ausente precisamente en los momentos de mayor tensión, incluida la crisis en torno a la emisión y posterior anulación de billetes con motivo de un accidente aéreo— fue el síntoma de una arquitectura de comunicación política que no estaba diseñada para la presión. Un gobierno sin portavoz efectivo es un gobierno que habla sin que nadie lo escuche.

Al déficit comunicacional se suma una parálisis institucional de doble frente. Por un lado, Bolivia sin concluir sus elecciones de gobiernos autónomos, con disputas políticas partidarias que revelan la fragilidad de los acuerdos de gobernabilidad subnacional. En La Paz, una interpretación jurídica evitó una segunda vuelta con resultados electoralmente convenientes pero institucionalmente cuestionables. En Cochabamba, la sombra de Evo Morales se sobrepuso con el resultado. En Santa Cruz, los desacuerdos con el Tribunal Departamental Electoral involucran incluso al Comité Cívico.

Por otro lado, la Asamblea Legislativa Nacional ha adoptado una postura de letargo deliberado. No fiscaliza, no interpela, no legisla con ambición. Sus presidentes de cámara han priorizado la gestión de su imagen propia sobre la producción normativa. La excepción —sintomática— son los episodios en que cuestionan al presidente nato de la Asamblea o a su esposa; ahí sí aparece la energía. Una legislatura que solo despierta ante los conflictos internos ha abdicado su función de control democrático.

El presidente Paz goza aún de una aprobación alta, aunque en declive sostenido desde el inicio de su gestión. Este patrón —aprobación elevada pero decreciente— podría ser síntoma de un gobierno que no ha logrado transformar su capital político inicial en una narrativa de gestión diferenciada. El problema central es de percepción: gran parte de lo que el gobierno hace —y de cómo lo comunica— se parece demasiado a la gestión de Luis Arce. Esto a raíz de que una porción significativa del equipo de trabajo proviene de la administración anterior. En política comparada, esto se denomina path dependence, y sus consecuencias sobre la percepción ciudadana son previsibles.

El presidente recurre, entretanto, a la construcción del antagonista. El Movimiento al Socialismo (MAS) y sus aliados son el villano predilecto del relato oficial; la estrategia de micro-polarización busca mantener activa a la base electoral propia mediante la confrontación permanente con el pasado reciente. El problema es que esta táctica ya fue ensayada —y fracasó— por Luis Arce, quien durante todo su mandato atribuyó los males del país al gobierno de Jeanine Áñez. La ciudadanía, eventualmente, exige resultados propios, no adversarios ajenos. Un antagonista puede sostener un ciclo electoral; difícilmente sostiene un quinquenio de gobierno.

Hay, con todo, un activo real; Rodrigo Paz tiene carisma genuino y un lenguaje verbal elocuente. Esas son cualidades escasas en el espectro político boliviano actual. Si sus estrategas logran traducir ese capital personal en una narrativa de gobierno coherente, diferenciada y orientada a resultados concretos, el declive en aprobación podría revertirse. Pero es importante diferenciar que el carisma sin narrativa es entretenimiento, no liderazgo.

La campaña terminó. El gobierno que la sucedió por ahora no encuentra su voz.

(*) Dennys Peredo Borda es politólogo y abogado; vicepresidente del Colegio de Politólogos de Santa Cruz.

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