No soy abogado ni pretendo un análisis jurídico estricto. Escribo como economista y ciudadano preocupado por la calidad de nuestras instituciones democráticas. Me pregunto, como muchos bolivianos: ¿realmente necesita Bolivia un Tribunal Constitucional separado del Tribunal Supremo de Justicia? Mi respuesta es que no. La experiencia de los últimos años muestra que ese órgano no ha fortalecido nuestro Estado de derecho; por el contrario, ha profundizado la inseguridad jurídica y la desconfianza ciudadana. Y esa fragilidad se agrava por un mal que rara vez se discute con la seriedad que merece: la justicia boliviana funciona con un presupuesto que la propia autoridad judicial califica de obsoleto.

Esta semana, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, hizo pública una cifra que resume el problema: el Órgano Judicial recibe apenas el 0,35% del Tesoro General de la Nación, unos Bs 1.100 millones al año, de los cuales el 75% se destina a sueldos. Queda menos de un cuarto para infraestructura, tecnología e insumos básicos, con una lógica presupuestaria de hace quince años frente a una carga procesal que no ha dejado de crecer. Frente a esto, magistrados de todo el país advirtieron con un paro escalonado si no se atienden dos demandas: la aprobación de más de diez proyectos de reforma judicial —uno propone elevar al 5% del PGE la asignación al Órgano Judicial, en cumplimiento del artículo 178 de la Constitución— y una respuesta a la crisis de subfinanciamiento. Los litigantes rechazan el paro, pero coinciden en que el sistema necesita más recursos.

Este episodio no es un........

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