El conflicto por el mercado Mutualista ha dejado de ser un trámite legal para convertirse en un síntoma del deterioro institucional en Santa Cruz. La decisión del alcalde Jhonny Fernández de acatar un fallo judicial —sin una defensa firme del interés municipal— abrió una crisis política que hoy expone fisuras profundas en la gestión pública.

La reacción del Concejo Municipal no se hizo esperar. Las protestas reflejan algo más que desacuerdo: evidencian una fractura interna que debilita la posición de la ciudad frente a un conflicto donde hay millones en juego. Mientras tanto, los Crapuzzi aguardan. No necesitan hacer ruido: el desgaste institucional juega a su favor.

Aquí el problema no es solo jurídico. Es, sobre todo, político. ¿Quién defiende a Santa Cruz cuando sus propias autoridades envían señales contradictorias? El Ejecutivo municipal opta por la obediencia administrativa; el Concejo, por la denuncia. Pero ninguno logra articular una estrategia clara que proteja el patrimonio público.

El resultado es preocupante. Se instala la percepción de que las decisiones clave se toman sin liderazgo ni visión de ciudad. Y cuando eso ocurre, el desenlace es inevitable: algunos avanzan, otros se repliegan, pero el interés colectivo queda en segundo plano.

En este conflicto puede haber beneficiados. Pero hay un perdedor evidente: Santa Cruz.

(*) El autor es editor

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