Hay una cifra que merece ser leída con la calma que exigen las cosas que indignan de verdad: 796.043. Ese es el número de raciones de alimentos que se debía entregar a escolares vulnerables de la Región de O’Higgins entre marzo y diciembre de 2022. Las que efectivamente llegaron a manos de esos niños fueron 284. Doscientas ochenta y cuatro, en circunstancias que el Estado pagó íntegramente por las casi ochocientas mil. El desembolso equivalió a cerca de doce millones y medio de pesos por cada ración efectivamente entregada.

Doce millones y medio de pesos por una taza de leche con sándwich. O por avena con leche, fruta y té, según describió la denuncia del director de Junaeb, Fernando Peña: onces adjudicadas a una sola empresa, sin ninguna prestación a cambio, que nunca se entregaron a los alumnos. El monto total involucrado en el engaño, que abarca el período completo entre 2022 y 2026, supera los catorce mil millones de pesos, de acuerdo con lo revelado por el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal de la propia Junaeb.

Colaciones “fantasmas” en O’Higgins: Junaeb denuncia irregularidades por $14 mil millones ante Fiscalía

Nuevo informe de auditoría al Estado: montos llegarían a USD 9.200 millones y se ordenan investigaciones en cuatro organismos

Conviene detenerse en los protagonistas de esta historia, porque la abstracción de los números tiene el curioso efecto de hacer desaparecer a las personas. Los niños que no recibieron esa once no eran hijos de familias que pudieran compensar la ausencia del Estado con una merienda comprada en el supermercado del barrio. Eran escolares vulnerables, exactamente los que el Programa de Alimentación Escolar existe para alimentar, los que dependen de esa ración con una urgencia que sus familias no pueden sustituir. El fraude no fue contra el erario, o no solo contra él. Fue........

© El Dínamo