Más de 40 días de un brutal cerco a las ciudades de La Paz y El Alto han privado de alimentos, medicinas y libre circulación a cerca de dos millones de personas, generando niveles extremos de desesperación y carestía. Además, se reporta la muerte de al menos diez personas, muchas de ellas impedidas de acceder oportunamente a centros de salud. El uso del hambre, la violencia y el terror como mecanismos de presión tiene responsables plenamente identificados entre dirigentes vinculados a organizaciones sindicales, agrupaciones políticas y movimientos sociales.

Esta forma de agresión contra la población civil recuerda algunos de los cercos más dramáticos de la historia contemporánea, donde el hambre fue utilizada como instrumento de sometimiento. Por ello, resulta inadmisible minimizar la gravedad de los hechos ocurridos en estas dos ciudades bolivianas, más aún cuando las medidas no provienen de un enemigo externo, sino de ciudadanos bolivianos movidos por intereses políticos y sectoriales.

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