En las dos partes anteriores explicamos los gastos e ingresos y cómo se construye el Presupuesto General del Estado (PGE) y su aprobación por la Asamblea Legislativa. El presente artículo aborda la importancia del PGE consolidado como herramienta financiera vital del sector público y cómo define el gasto e inversión que priorizan las áreas que el gobierno —en sus diferentes niveles: nacional, departamental y municipal— ha definido como indispensables.

Entre los principales problemas del PGE actual se identifican: la construcción sobre presupuestos anteriores cada vez más inflados, en lugar de justificar nuevos costos desde cero (solución: Presupuesto Base Cero); falta de visión para armonizar un futuro mejor (solución: planificación descentralizada); escasa objetividad para resolver problemas estructurales (solución: mejor evaluación y análisis); y ausencia de objetivos cuantificables (solución: capacitación para conocer lo que los ciudadanos realmente necesitan).

En materia de gasto e inversión, deben priorizarse: la educación primaria y secundaria con énfasis técnico; un SUS eficiente como red de contención social; la capacitación para el autosostenimiento económico; el apoyo a las pymes; la atracción de inversión privada con seguridad jurídica; el incentivo a las exportaciones, el turismo y el consumo de productos nacionales; y la infraestructura que apoye la producción. Asimismo, es indispensable aprobar una nueva Ley de Hidrocarburos y convocar a una reforma constitucional que corrija anomalías profundas que perjudican al país.

En cuanto a los ingresos, el PGE debe aplicar lo que denomino Economías de Escala Tributarias (EET): un impuesto más bajo que todos paguen, en lugar de un impuesto alto que pocos cumplan. En la práctica, esto significa recaudar más con tasas menores. Se propone reducir el IVA al 4,5% para alimentos y al 9% en general, ampliando el universo de contribuyentes. Adicionalmente, una nueva ley de hidrocarburos permitiría que los ingresos del gas y petróleo vuelvan a fluir al erario; y el litio y las tierras raras, con impuestos racionales, pueden atraer inversión privada sin que el Estado experimente con procesos técnicos que le resultan costosos.

Lo que no debe figurar en el PGE: el Estado como agencia de empleo en sus tres niveles; la ausencia de autoevaluación institucional; objetivos líricos o enunciativos en lugar de metas cuantificables; y estrategias mal diseñadas que no respondan a necesidades concretas. Cada institución debe definir con claridad sus objetivos y las políticas que permitan alcanzarlos, evitando el gasto improductivo.

Bolivia no puede continuar arrastrando un déficit fiscal que provoca el mayor de los males: el endeudamiento público interno y externo. Un presupuesto equilibrado sin déficit debe ser un objetivo prioritario. La fórmula es clara: gastar menos y con mayor eficiencia, reduciendo el número de empleados públicos y liquidando empresas estatales deficitarias; invertir con astucia y planificación; y ampliar la base tributaria sin asfixiar a los pocos contribuyentes activos. Contraer deuda para financiar gasto corriente genera espirales inflacionarias; contraerla para financiar inversión productiva en exportaciones, turismo e infraestructura genera ingresos y bienestar.

El examen principal que justifica la existencia de un Estado es que cada PGE elaborado y consolidado responda a una pregunta esencial: ¿Estamos generando y contribuyendo al bienestar permanente de nuestros ciudadanos? Si la respuesta es no, el presupuesto fracasa en su razón de ser.

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