Las nuevas declaraciones de la viceministra de autonomías, Andrea Barrientos no parecen un desliz aislado, sino la confirmación de una línea coherente con una visión centralista que contradice el discurso oficial de apertura y descentralización. Cuando una autoridad afirma que un proceso clave como el 50/50 puede tardar “tres días o diez años”, no transmite prudencia técnica, sino incertidumbre política. Y cuando esa ambigüedad se repite, deja de ser casualidad. Se convierte en postura. Si el Gobierno realmente pretende avanzar hacia una redistribución efectiva de competencias y recursos, el primer requisito es claridad: cronograma, responsables y voluntad real de ejecución. De lo contrario, el camino que dice transitar estará lleno de piedras, trabas burocráticas y resistencias internas. Y en ese escenario, cualquier avance —si es que se logra— será milimétrico. La autonomía no puede depender de la discrecionalidad ni del humor del poder central. Requiere decisión política firme y señales inequívocas.

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