En Bolivia ha cobrado fuerza una idea que se disfraza de prudencia: que la Constitución de 2009 requeriría ajustes puntuales —corregir la justicia, revisar la elección de magistrados, acotar la reelección—, pero no una reforma integral. El resto, sugieren, podría permanecer inalterado.

Discrepo profundamente. Bolivia no padece meros defectos de funcionamiento; enfrenta una crisis de arquitectura constitucional. La falla no reside en los diez o veinte artículos que se pretende reemplazar, sino en la concepción misma del Estado, en la distribución del poder, en el paradigma de la comunidad política y en el vínculo entre ciudadanía, identidad e instituciones.

Por ello, la reforma debe ser total. La Constitución de 2009 no fue una reforma; fue una refundación. Su lenguaje y su estructura buscaron la ruptura: la República cedió su lugar al Estado Plurinacional; la ciudadanía universal comenzó a coexistir con sujetos colectivos dotados de posiciones jurídicas constitucionalmente diferenciadas; la descolonización se erigió en un fin esencial; y el pluralismo jurídico fragmentó la unidad jurisdiccional. Un modelo concebido bajo la promesa de refundación no puede corregirse con simples retoques.

La primera razón para una reforma total es que la Constitución de 2009 ofreció una respuesta errónea a un........

© El Día