03 de abril 2026 - 05:45

EL relevo en la presidencia de Indra no es un episodio empresarial. Es una demostración de poder. Un Gobierno sin mayoría parlamentaria ha vuelto a evidenciar que dispone de resortes suficientes para imponerse allí donde no alcanza con los votos, utilizando su posición accionarial para forzar una dimisión y fijar el rumbo de una empresa estratégica. Ocurre, además, algo más de un año después de una operación similar en Telefónica, en enero de 2025, cuando el entonces presidente de Indra fue trasladado para dirigir la operadora. No puede presentarse como un hecho aislado. Dibuja un patrón.

El conflicto de interés del presidente saliente, Ángel Escribano, existía desde hacía meses. Era conocido, evaluado y convivía con normalidad en la gobernanza de la compañía. Sorprendía, de hecho, que el Gobierno no lo señalara pese a su nitidez. Solo cuando se quebró la confianza política se activó como argumento, utilizado de forma oportunista para justificar una salida que ya no respondía a criterios empresariales, sino políticos. No falló el gobierno corporativo: falló la sintonía con el poder.

La SEPI es –otra vez– el instrumento. Bajo la apariencia de control accionarial se ha ejercido intervención directa. El mensaje es inequívoco: en Indra, la continuidad en la cúpula no depende del consejo ni del mercado, sino del respaldo político. Un Ejecutivo en minoría en el Parlamento puede no controlar el Congreso, pero sí empresas clave del Estado.

El momento agrava el problema. El relevo se produce en plena escalada bélica global y en un ciclo de rearme europeo, cuando Indra es una pieza central de la industria de Defensa y socio relevante en programas estratégicos. Introducir incertidumbre política en su gobernanza debilita su credibilidad como socio industrial y añade un riesgo que el mercado capta de inmediato. No es una crisis de resultados. Es una crisis institucional.

Existe, además, una dimensión democrática. Indra ocupa una posición sensible en el ecosistema institucional, también en el proceso electoral. Precisamente por eso debería ser un ejemplo de neutralidad. Cada gesto de control político refuerza la sospecha, incluso cuando es infundada.

Este Gobierno ha ido cruzando un límite tras otro. Sea con la amnistía, con Telefónica o con Indra. En este caso, la cuestión ya no es quién preside una empresa –que, por supuesto, será un perfil afín–. La pregunta es cómo se protege la democracia cuando el poder se ejerce así.

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