Funcionarios de la Junta de Andalucía en el Edificio Administrativo de la plaza de la Constitución Delegación del Gobierno / AJ González / COR

Uno de los grandes logros del Estado moderno es contar con un sector público que sirva con objetividad a los intereses generales. De ahí nacen principios como el mérito, la capacidad y la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública: garantías de imparcialidad, profesionalidad y confianza ciudadana.

Para hacerlos efectivos, nuestro ordenamiento ha levantado una arquitectura exigente: oposiciones, procedimientos administrativos, reglas de contratación y mecanismos de control. Son diques frente a la arbitrariedad y la confusión entre lo público y lo partidista. Pero esa arquitectura incorpora rigidez. Por eso, junto a las administraciones clásicas, se han creado entidades públicas con formas más flexibles: empresas, agencias y otros entes instrumentales.

Su razón de ser puede ser legítima. Pueden aportar agilidad en ámbitos estratégicos o de servicio. Pero ahí se abre una grieta: esas entidades, aun siendo públicas, no siempre están sujetas a los mismos controles que las administraciones tradicionales. Y cuando gestionan dinero público, servicios esenciales y decisiones que afectan a la vida de los ciudadanos, la pregunta resulta inevitable: ¿quién las dirige? ¿En manos de quién estamos? Es lo que en la Fundación Hay Derecho buscamos responder a través de nuestro informe llamado El Dedómetro.

En Andalucía existen 128 entidades de este tipo, una cifra solo superada por Cataluña. Gestionan 23.000 millones de euros y actúan en ámbitos como obras públicas, educación, transporte, energía, gestión agraria, vivienda, sanidad, emergencias, finanzas o patrimonio cultural. Su........

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