Hace muchos, muchos años, en otro tiempo y en otro lugar, una persona dedicada al mundo inmobiliario me susurró al oído al despegar en un avión de Madrid: ‘mira McCoy, todo el suelo que hay. La vivienda no es un problema, la han convertido en un problema’, y me hablaba de esos vídeos que circulan por la red en la que se pone un pastel en una sala llena de niños con el mandato de no tocarlo. Poco a poco, alguno se lanza a comerlo y acaba él o ella pringado y el pastel deformado. ‘Exactamente eso es lo que está pasando, pero… ¿de qué sirve un pastel si nadie puede zamparlo?’

Esa es la pregunta.

Porque suelo hay, todo el que se quiera. Pero el problema es que pocos se atreven a tocarlo. Y eso colapsa la oferta, dispara los precios -sobre todo en las megaurbes y sus ciudades satélites- y dificulta el acceso a una vivienda a una parte sustancial de la población. Evidentemente, la ‘tierra’ no es el único factor limitante. Ayuda poco una regulación restrictiva a los alquileres o el reemplazo de pisos convencionales por turísticos o similares, entre otros factores. Pero, en la génesis del asunto, siempre está la materia prima básica: las parcelas.

¿Y cómo se ha llegado a esta situación? Porque, al menos en teoría, voluntad política de solucionarlo hay. Pues básicamente por algo que afecta de manera transversal a toda la cosa pública, desde las concesiones a cualquier tipo de adjudicación que afecte a un tercero: la judicialización de los procesos administrativos. Algo a lo que ha contribuido, sin duda, una complejidad burocrática en el ámbito de la vivienda que tuvo su origen con Nixon y Reagan en Estados Unidos (como señala Ezra Klein en ‘ Abundancia’) y que fue adoptada con fervor por los de siempre a este lado del Atlántico. Eso y todos los casos de corrupción sobre distintos planes urbanísticos que han enturbiado el ámbito político en los últimos años.

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