"Cuidad la libertad y la verdad se cuidará a sí misma", afirmaba el filósofo Richard Rorty. Según él, los Gobiernos tienen la obligación de garantizar la libertad y las reglas de juego que permiten a la ciudadanía discutir abiertamente sobre los temas que le preocupan. Si eso se da, decía Rorty, al final la verdad siempre acabará emergiendo.

Es una idea noble y cierta. Pero muchas veces los Gobiernos la rechazan y prefieren establecer ellos la verdad. El de Pedro Sánchez lleva algunos años empeñado en decidir qué noticias son verdaderas y cuáles falsas. Y la semana pasada mostró una vez más cuál es su visión de las relaciones entre los hechos y la política. Anunció que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha constituido la Comisión de la Verdad para "contribuir al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos" durante la Guerra Civil y la dictadura.

Para valorar su creación, es interesante leer "Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto. Las comisiones de la verdad", un estudio en el que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos describió, en 2006, esta clase de comisiones. Se trata de un documento equilibrado y prudente que explica muy bien, y de manera premonitoria, por qué Sánchez y su ministro Ángel Víctor Torres no deberían haber creado tal comisión ni, por supuesto, haberlo hecho así.

El documento de Naciones Unidas habla de cuáles son las circunstancias en que es recomendable crear comisiones de la verdad. Hace referencia a países en los que acaba de terminar un conflicto violento —si bien "es posible que la situación de seguridad aún no haya mejorado por completo"— o en los que aún se libra "una guerra o un conflicto violento", o en los que se está buscando un "acuerdo de paz negociado". La Comisión de la Verdad recién constituida aquí, en cambio, se crea cuando se cumplen noventa años del inicio de la guerra y cincuenta del fin de la dictadura. Y cuando la sociedad española hace tiempo que encontró el mecanismo para superar ambas tragedias: la Constitución. El documento de la ONU afirma que la decisión de organizar una comisión de la verdad "siempre debe corresponder a los ciudadanos del país". Pero en nuestro país se trata de una iniciativa gubernamental. Y dice también que esta debe tener una clara "independencia operacional", lo cual difícilmente será cierto en este caso, ya que ha sido auspiciada, organizada y financiada por el Gobierno.

Pero además, la ONU afirma que "ningún factor definirá mejor a la comisión que las personas que la componen. En condiciones ideales, deben ser miembros ampliamente respetados de la sociedad […] cuya neutralidad sea aceptada por todas las partes de un conflicto previo (o bien el grupo en conjunto debe ser considerado representativo de un abanico relativamente amplio de opiniones)". La composición de la Comisión de la Verdad del Gobierno no es neutral ni representativa. Está presidida por Baltasar Garzón, un juez condenado por prevaricación que en el pasado fue diputado del partido gobernante. Algunos de sus miembros son académicos competentes, pero en esencia se trata de personas que participan en la vida pública apoyando al Gobierno, algunas de las cuales además no tienen un conocimiento especial sobre el tema, como en el caso de otro exdiputado del PSOE —y padre del principal asesor económico de Sánchez—, una catedrática que investiga la legalización de las drogas y una socióloga y tertuliana especialista en transición energética.

Sánchez y su Gobierno creen que corresponde a este establecer la verdad, lo cual ya es de por sí bastante malo. Pero, además, este es un ejemplo más de su aborrecible tendencia a coger temas importantes —como sin duda lo son los derechos humanos durante una dictadura, pero también el feminismo, la libertad de expresión o la paz— y convertirlos en meros instrumentos propagandísticos y polarizantes. Que despacha con grupos de trabajo, comisiones, eventos y proclamaciones que solo sirven para promocionar a sus partidarios y fomentar un debate público dominado por la solemnidad, la torpeza y el oportunismo.

Pero además, inevitablemente, esta Comisión de la Verdad será estéril. No dará lugar a descubrimientos novedosos ni relevantes, porque a lo largo de décadas centenares de historiadores, editoriales, periódicos, documentales, investigaciones y movimientos activistas han abordado ya su materia de análisis, que es la manera en que, como decía Rorty, emerge la verdad. Eso no significa que pueda darse por cerrado el estudio de un episodio ominoso de nuestra historia, ni que sean innecesarias más reparaciones para las víctimas y sus descendientes. Pero el único fruto de esta comisión que ni siquiera debería haber existido será un relato partidista sin oposición ni pluralismo. El Gobierno utilizará el resultado cuando le convenga comunicativamente, con la esperanza de dominar el discurso público durante unos días y que nos olvidemos de todos sus demás fracasos. Y al poco tiempo decidirá que nuestra atención debe dirigirse hacia otra cosa. Sobre la cual el Gobierno también nos contará, claro, la verdad.

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