El proceso, de Franz Kafka, una parábola sobre la burocracia deshumanizadora, cuenta cómo un empleado de banco es detenido el día de su treinta cumpleaños sin conocer jamás de qué se le acusa. Aunque puede seguir trabajando, queda atrapado en un laberinto de citaciones, despachos y funcionarios, intentando defenderse ante un tribunal que nunca se deja ver del todo y que jamás le aclara las reglas del juego. Cien años después de la muerte del escritor checo, la derivación de su apellido en la palabra "kafkiano" se ha consolidado como la expresión de que algo es absurdo o angustioso.

Hace unas semanas advertí de que teníamos caos judicial para rato y lo mantengo. Sin embargo, dos meses después de la entrada en vigor de los tribunales de instancia en la denominada "Fase 3", en grandes urbes como Barcelona, Madrid, Palma o Zaragoza, la situación que atraviesan profesionales, servidores públicos y anonadados justiciables es kafkiana. Aunque no es posible que la historia acabe como la del infeliz de Josef K., ejecutado a las afueras de la ciudad sin haber logrado entender el sentido de su proceso, la sensación de deshumanización y abandono que la administración de justicia en España transmite a los ciudadanos es sangrante.

La cacareada transformación de unos 3.800 juzgados unipersonales en 431 tribunales de instancia ha consistido en un cambio de nombre en los partidos pequeños, en un revuelto y recorte de funcionarios en los medianos y en una locura en los grandes. Una reforma a coste cero no puede traer nada bueno. La dotación de plantillas se ha hecho deprisa y sin estudios serios, incluso basándose en llamadas de teléfono preguntando a ojo cuántos funcionarios serían necesarios para tal o cual servicio.

La oposición generalizada de los operadores jurídicos a la implantación de los tribunales de instancia ha supuesto un escudo protector para algunos gobiernos de las Comunidades Autónomas con competencias en justicia. Aprovechando que todas las iras se dirigen a San Bernardo, han recortado indecentemente en personal, cesando funcionarios y no reponiendo ni bajas ni jubilaciones. La nueva estructura de los tribunales, que pretende ser más eficiente con la especialización, concentración y flexibilización de los puestos de trabajo y las funciones, ha reducido la plantilla preexistente. En lugar de esperar a que rodase un poco la implantación, los tribunales han nacido raquíticos de dotación de personal, con el cese inmediato de los interinos sobrantes. Si a esto unimos que estamos en medio de un proceso de estabilización extraordinaria de funcionarios que no termina de fraguar (están pendientes de asignación de plaza casi 5.000 personas) y que no se reponen ni las bajas ni las jubilaciones, ¿qué mejor forma de ahorrarse el pago de salarios que echando la culpa a la ocurrencia legislativa del Gobierno?

El Ministerio de Justicia ha seguido la misma senda del racaneo. Hace unas semanas fue noticia que los jueces centrales de instrucción de la Audiencia Nacional –en realidad, los jueces de sendas plazas de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, que la ley ha proveído de fatuo boato a los nombres– informaban de la crítica situación de los órganos judiciales al haber cesado a funcionarios sin reposición, lo que causaba la ralentización de la instrucción de las macrocausas.

Lo curioso es que esas providencias no son otra cosa que una comunicación sin consecuencias procesales. La nueva ley también ha terminado de apartar a los jueces de las oficinas, por lo que ningún poder de dirección ni de organización conservan los togados en las oficinas que tramitan los asuntos que les son asignados. Aunque esto no es nuevo –desde la reforma del año 2009 son los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), antiguos Secretarios Judiciales, quienes tienen encomendada la dirección procesal y la organización de personal–, el divorcio definitivo entre el Poder Judicial (los jueces) y la administración de justicia (el resto) lo ha sellado la Ley Bolaños. Los Presidentes de los Tribunales de Instancia -antiguos decanos- han visto muy reducida su capacidad de decisión, dejando en los Letrados Directores de los diferentes servicios todo el poder, sin regular, además, la forma en la que deben dirimirse los conflictos entre las decisiones jurisdiccionales o de organización de los jueces y las decisiones respecto de la oficina y los medios.

El otro día se difundió en redes un cartel de los muchos que empapelan con celo las vetustas y sucias paredes de los órganos judiciales de toda España. En varios folios impresos se explicaba que en ese juzgado (o plaza) «se lleva la ejecución de los juzgados 73 – 45 – 43 – 74. El Letrado de la Administración de Justicia [se entiende que el que está físicamente allí con los funcionarios] es el responsable de las plazas 73, 70 y 34. Los funcionarios de ejecución del nº 70 se encuentran en la plaza nº 46, excepto las acabadas en 4, 7 y 9 y las terminadas en 0 con esos números delante, que se llevarán en el juzgado nº 67. Los funcionarios de ejecución de la plaza o juzgado nº 34, se encuentran en la plaza nº 35. La tramitación del juzgado nº 73 (procedimientos declarativos) se lleva ahora en el juzgado nº 43 (al fondo del pasillo). La documentación de las ejecuciones de los juzgados nº 104 y 105 se guardan en este juzgado».

Poco hay que explicar si un profesional se encuentra con este caos cuando va a interesarse por los dineros, los hijos, el patrimonio o el honor de su cliente. Y difícilmente se puede convencer a un ciudadano cualquiera de que la justicia está para ampararle y garantizar que se cumplan sus derechos.

Los tribunales de instancia sin la unificación física en espacios comunes dentro edificios adaptados al nuevo modelo, se han convertido, como muchos operadores recuerdan públicamente, a "La Casa de la Locura" de la película Las doce pruebas de Asterix, con un constante subir y bajar escaleras, cruzar calles de edificio a edificio y atravesar largos pasillos en busca de información. Después de conseguir dar con la tecla, hay una elevada probabilidad de que quien lleve el asunto esté de baja o jubilado, sin que sus compañeros puedan dar razón del procedimiento, que ni conocen ni saben de dónde viene. En el caso de que la suerte sonría al peticionario y la persona encargada del asunto esté dispuesta a atenderle, muy posiblemente desconozca el procedimiento, al habérsele asignado desde otro juzgado y con una tramitación realizada por otro funcionario. Por estas mismas causas, las suspensiones de señalamientos, juicios y comparecencias están a la orden del día: escritos sin proveer, pruebas sin acordar, citaciones sin practicar.

La inclusión de la obligación de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en la ley, vendida como que "antes de pasar por el templo de la justicia se ha de pasar por el templo de la concordia", en realidad ha servido de parachoques o amortiguación del terremoto que se nos venía encima. Al obligar a las partes a ir a mediación antes de presentar una demanda, se ha paralizado la entrada de asuntos desde abril de 2025, reduciendo artificialmente la litigiosidad y permitiendo dar unos meses de respiro al sistema. La mala redacción de la ley y la ausencia de criterios claros ha añadido más caos e inseguridad jurídica a ciudadanos y profesionales, contribuyendo aún más al desprestigio de la administración de justicia.

Desde dentro, magistrados aislados en sus despachos, desprovistos de capacidad organizativa y de dirección, situados físicamente en medio de oficinas que no tramitan sus asuntos y al lado de un LAJ que puede no ser tampoco el encargado de los procedimientos que llevan los funcionarios de la oficina. La comunicación se reduce casi exclusivamente al medio digital, a través de plataformas de trabajo colaborativo y sin ver los ojos del funcionario que da cuenta de un asunto al magistrado encargado.

En 2024, el 42% de las jubilaciones de jueces fueron voluntarias, tendencia que se va consolidando año a año. Los abogados y procuradores están empezando a colgar las togas –en España hay 44.000 letrados en edades próximas al retiro– y me barrunto que lo mismo sucede con otros colectivos.

La mayor transformación de la justicia en décadas se ha producido, sin duda alguna. Pero para destrozarla. Y no veo fácil la reversión del proceso.

© El Confidencial