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¿Proteger a los niños de "jueces psicópatas"?

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El martes el Consejo de Ministros anunció un anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral de la infancia y de la adolescencia frente a la violencia. Esta vez, el urdidor ha sido el equipo del Ministerio de Juventud e Infancia encabezado por Sira Riego, de Izquierda Unida. En el actual contexto político, el hecho de pretender reformar una Ley Orgánica –que exige mayoría absoluta en el Congreso– dice más de la finalidad comunicativa del anuncio que de su viabilidad parlamentaria.

En lo que va de legislatura, la mitad de las leyes sometidas a votación en el Parlamento han sido rechazadas y siete reales decretos-ley no han sido convalidados. La negativa de Junts a apoyar las iniciativas del Gobierno dibuja un escenario hostil a cualquier iniciativa, más aún cuando –como en este caso– requiere mayoría absoluta. Entonces, ¿por qué presentar este anteproyecto?

No estamos ante una reforma para proteger mejor a la infancia, sino ante una operación de marketing político que usa a los niños como coartada y a los jueces como villanos de la historia. Les anticipo que muchas de las medidas anunciadas ya están recogidas en la ley, por lo que esta vez no se han molestado en trabajarse la supuesta innovación.

Como viene siendo habitual en los últimos años, el Consejo de Ministros no ha hecho público el texto inmediatamente. Únicamente contábamos hasta ayer con la referencia de lo tratado –colgada en la web de Moncloa– y con la rueda de prensa posterior. Esta falta de transparencia alimenta informaciones cruzadas, sesgos y polémicas. Todo lo que contribuya a agitar el avispero resulta útil siempre que se controle el relato y la prensa quede enganchada a la percha informativa. Estrategia de distracción de primero de política.

En materia de derecho de familia el anteproyecto pretende reforzar el "interés superior del menor", que deberá motivarse expresamente en actos y resoluciones, incorporando además como criterio el alejamiento del niño o niña respecto de la persona que ejerza violencia física; prohibir de forma expresa el llamado "Síndrome de Alienación Parental" (SAP) y sus reformulaciones, excluyendo........

© El Confidencial