Cada vez que se acercan unas elecciones, la Justicia vuelve a ocupar un lugar destacado en el debate político. Casi siempre por las mismas razones: una sentencia, una investigación, una decisión judicial que molesta a unos o satisface a otros. Los partidos encuentran tiempo para pronunciarse sobre lo que hacen los jueces. Cuesta más encontrar propuestas serias sobre las condiciones en las que trabajan y la Justicia que reciben los ciudadanos.

Y, sin embargo, es de eso de lo que deberíamos estar hablando.

De quien espera durante meses, o años, una respuesta a su demanda. De quien necesita resolver un conflicto laboral, una disputa familiar o una reclamación frente a la Administración. Para esas personas, la Justicia no es un argumento de campaña. Es la última puerta a la que llaman para obtener una respuesta.

Ahora que los partidos políticos piden de nuevo la confianza de los ciudadanos, también deberían rendir cuentas de lo que han hecho —o han dejado de hacer— por la Administración de Justicia. Y explicar qué piensan cambiar. No con declaraciones de principios que sirven para cualquier programa electoral, sino con compromisos concretos, plazos y recursos.

El primero tiene que ver con los medios y con el número de jueces. España arrastra desde hace años una insuficiencia de plazas judiciales que se traduce en órganos sobrecargados, retrasos y dificultades para atender los asuntos con la dedicación que merecen. La creación de 500 plazas anunciada en 2026 es una noticia positiva. Pero no deberíamos confundir una medida necesaria con la solución a un problema que se ha permitido crecer durante años. Las cifras se anuncian con facilidad; lo difícil es sostener una política de medios que no se abandone una vez terminada la campaña.

Hacen falta más jueces y una planificación que no se agote en una legislatura. También hacen falta una distribución de funcionarios eficiente, equipos informáticos que funcionen, instalaciones adecuadas y una organización capaz de sostener el trabajo diario. Una plaza judicial no es solo una cifra en el Boletín Oficial del Estado. Detrás debe haber........

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