Inimaginable hace unos años. Cataluña va a limitar el derecho a la propiedad privada en el mercado de la vivienda. Comprarse un piso ya no será una decisión libre, pues deberá acreditarse primero el uso que va a dársele a ese inmueble. Si el comprador pretende hacer un uso libre de aquello adquirido, olvídese de la operación. La Generalitat será quien decide quién compra y para qué.

La norma nacerá del acuerdo entre el PSC y los Comunes y es el activo político principal de los segundos para garantizar a Salvador Illa sus primeros presupuestos. El compromiso socialista es que el parlamento valide antes del verano una proposición de ley que supondrá una intervención radical del mercado de la vivienda y que tiene como teórico objetivo acabar con las operaciones de compraventa de trasfondo "especulativo".

El redactado de la proposición de ley está pendiente pero se han dado a conocer los titulares. Afectará a 271 municipios (zonas tensionadas) que concentran el 90% de la población catalana. La vivienda pasará a tener únicamente dos finalidades: o se habita o se alquila a precio regulado. Los grandes tenedores —propietarios de cinco inmuebles— no podrán adquirir viviendas sueltas en estas zonas, sólo podrán comprar inmuebles enteros y destinarlos a alquiler con precio topado. Los propietarios sin esa distinción, la mayoría, sólo podrán comprar para uso propio o de un familiar de hasta segundo grado, también para alquiler al precio fijado por la administración. Si se recibe una herencia, rigen las mismas condiciones.

Una intervención en toda regla que, con toda........

© El Confidencial