Llevamos quince años con el debate prohibicionista sobre el burka y el niqab. La mecha se prendió en 2010. La encendió la extinta CIU en el Ayuntamiento de Lleida -consiguiendo que los socialistas que gobernaban la ciudad se sumaran a la propuesta- y desde entonces el debate es un comodín del debate sobre inmigración. Ese mismo 2010 el Senado, a propuesta del PP, votaba a favor de la prohibición. Poco después, el Congreso se manifestaba en sentido opuesto en la votación de una moción presentada por los populares.

Hoy se vota en el Congreso la toma en consideración de la proposición de ley presentada por Vox con idéntico objetivo. El PP dará su apoyo sin reservas a la iniciativa. Así que la pelota, como tantas veces esta legislatura, se situará en el tejado de Junts, que no ha revelado todavía oficialmente el sentido de su voto.

Lo que sí puede pronosticarse es que su voto, abstencionista o contrario, no servirá para dar el visto bueno a la iniciativa parlamentaria. Los junteros dedicaron ayer tiempo a buscar la fórmula que les permita dejar claro que están en contra del burka y el niqab en los espacios públicos, pero que rechazan la formulación de Vox.

Lo más probable es que el posicionamiento contrario de los junteros se fundamentará en la imposibilidad de prestar su apoyo a una exposición de motivos que consideran racista. Y también en que la fórmula propuesta por la ultraderecha en el articulado se aleja en su conjunto de la justificación adoptada por los países europeos que ya han dado el visto bueno a la prohibición.

Otro argumento, vinculado a los equilibrios actuales del Congreso y que no se explicitará, guardaría relación con la necesidad de no agitar el avispero de la inmigración en un momento en el que, tras la regularización extraordinaria, Podemos está dispuesto a cambiar de opinión y apoyar la cesión de gestión de competencias sobre esta materia a la Generalitat de Catalunya. Recordará el lector que en su día la formación morada hizo imposible que Sánchez cumpliera con este compromiso adoptado con Junts, votando en contra de esa cesión argumentando que la cesión de competencias de gestión serviría para que la Generalitat pusiese en práctica políticas inmigratorias racistas.

Pero eso no quiere decir que la votación vaya a resultar neutra desde el punto de vista político, aunque no sirva para prohibir el burka. La memoria política es corta. Ya nadie se acuerda de Soraya Sáenz de Santamaría defendiendo la moción popular en el congreso hace tres lustros. Así que formalmente, desde el punto de vista de la narrativa política, el debate empieza de nuevo hoy.

Con más motivo cuando el PP no tuvo iniciativa alguna sobre este particular durante la presidencia de Mariano Rajoy. Así que con independencia de lo que diga el pasado, ya convertido en polvo, este es un debate que en 2026 capitanea Vox y son los populares los que se suben al carro con un entusiasmo nada disimulado.

Vox y PP, especialmente los primeros, tienen interés en mantener en la agenda la reciente regularización extraordinaria. Ni el burka ni el niqab son la cuestión más relevante en materia inmigratoria. Pero la votación de hoy en el Congreso permite focalizar el debate en esta cuestión a través de un asunto menor -en comparación con otros- pero que llega con facilidad a la conversación ciudadana. En este sentido, debatir esta cuestión ahora tiene un valor de uso mayor que el que se ciñe únicamente al sí o no sobre ambas prendas.

Para el PP es también una forma de añadir vaselina a las negociaciones regionales que se desarrollan en Extremadura y Aragón para la futura investidura de sus candidatos. Un modo de decir a los voxeros que, aunque éstos se empeñen en situar en el mismo plano a populares y socialistas, los de Feijóo están dispuestos a abonar algunos posicionamientos que abandera Abascal. Si María Guardiola defendía ayer en la radio que su feminismo es similar al que defiende Vox, con más facilidad y menor riesgo puede el PP afirmar hoy con sus votos en el Congreso que en la cuestión inmigratoria también comparte algunas posiciones con los verdes.

La propuesta de prohibición de estas prendas no es nada arriesgada, ya que incluso entre los izquierdistas las posiciones sobre el particular no son homogéneas. En el flanco centrista, Feijóo no arriesga nada.

Más allá de las negociaciones autonómicas, hay también -y a eso apuntaban de los líderes populares de este fin de semana, Feijóo incluido- un cambio de rumbo en la estrategia del PP. Este viraje no explica tanto el apoyo a la iniciativa de Vox, sino a los esfuerzos populares por darle la máxima importancia a ese apoyo ante la opinión pública.

El mensaje, se ha visto con claridad estos días, es ahora que, para echar a Pedro Sánchez, los españoles han escogido al PP y a Vox. Y que, en consecuencia, ambas formaciones han de hacer lo posible para entenderse. Queda ya lejos el congreso extraordinario de julio en el que los populares solemnizaban que su objetivo era gobernar en solitario como partido de centro reformista. Las últimas elecciones autonómicas -Extremadura y Aragón- y la fortaleza de Vox en las encuestas aconsejan, por un simple principio de realidad, normalizar al máximo la relación con los verdes. Ese "entenderse" es la fórmula que ahora ensayará el PP para ver si consigue taponar de una vez la transferencia de voto a Vox, aunque es cierto también que los de Abascal están recibiendo ya también transfusiones desde la izquierda.

© El Confidencial