Si la Audiencia Provincial de Madrid no lo remedia, Begoña Gómez se sentará finalmente en el banquillo de los acusados. Lejos quedan las primeras exclusivas de El Confidencial de hace dos años, el inicio de la investigación judicial tras las denuncias de las acusaciones particulares, el retiro táctico de cinco días de Pedro Sánchez para "reflexionar" sobre su futuro y toda la escandalera que inevitablemente ha acompañado la instrucción.

Para que eso suceda basta ahora con que la Audiencia Provincial valide las conclusiones del juez Juan Carlos Peinado. Con esa decisión se iniciaría la cuenta atrás para el inicio del juicio a principios de 2027. Llegado el caso, un jurado popular conformado por ciudadanos madrileños establecerá la inocencia o culpabilidad de la mujer del presidente en referencia a los cuatro cargos por los que se pide su procesamiento: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

Concentra el caso buena parte de la agenda política por la que ha transitado, y transita, la presente legislatura. Acusaciones por parte del Gobierno de lawfare por la actuación del juez instructor, intento de reforma de la ley -varada de momento en el Congreso- para que sean los fiscales y no los jueces quienes investiguen en las instrucciones, señalamiento de medios de comunicación y periodistas como integrantes de una "máquina de fango" que pretende derribar al Gobierno más que informar, etc.

El caso Begoña es una china gordísima en el zapato del Gobierno. Pero ha sido al mismo tiempo -al menos hasta ahora- el mejor nutriente para su estrategia política más básica y exitosa: la democracia y el progreso están en peligro. La narrativa gubernamental es de sobras conocida: la ultraderecha y la derecha judicial, la política y la mediática están unidas para hacer caer al Gobierno cuanto antes, por lo civil o por lo criminal. El caso Begoña y el juez Peinado son, en este argumentario, el ejemplo más vistoso de esta conspiración, pues no respeta siquiera lo más sagrado, el ámbito familiar del presidente.

Huelga decir que en algunos momentos el Gobierno ha contado con la colaboración del propio juez Juan Carlos Peinado para que esta estrategia tuviera recorrido. Ayer, con el auto de procesamiento, el juez le echó un cable al ejecutivo con el innecesario paralelismo establecido entre el sanchismo y el retorno del absolutismo a España de la mano de Fernando VII. Comentario más propio de tertuliano o articulista que no de un juez instructor, pues va mucho más allá de lo que es la estricta valoración de pruebas e indicios. A España le iría mucho mejor si cada uno se limitara a hacer lo que indica su tarjeta de visita. También los jueces instructores.

Pero más allá de la táctica del judoka que sigue intentando el Gobierno, utilizar un hecho que le perjudica para devolverlo con más fuerza en la dirección de sus adversarios, o de las peculiaridades innegables del juez, están los hechos. Y éstos apuntaban en su día claramente a la necesidad de una investigación judicial, tanto en lo referido a las actuaciones que finalmente el juez ha decidido que merecen ser juzgadas, como en otras cuestiones que finalmente se desestimaron.

Es cierto que España no es un país muy exigente en cuestiones como las que afectan a Begoña Gómez. Prevalece la idea colectiva de que es normal e inevitable que uno saque provecho de la posición de poder que ocupa. Que basta con la apariencia de legalidad para que un abuso sea tolerado. El ¡no hay para tanto! es una frase muy escuchada desde que dio inicio el caso Begoña Gómez entre gente bien informada, con tendencia a la indulgencia ante aquello que ahora pretende ser juzgado. La polarización extrema en la que vivimos permite también el endulzamiento del caso en esa dirección. Los unos con Begoña, los otros en contra.

Pero lo cierto es que la reacción del Gobierno ha sido desde el principio inadmisible. Unos días con más vehemencia, otros con un poco más de mesura pero igual intención, ha sido y es la misma que, vista de lejos en otros países, resulta inadmisible sin matices. Los argumentos gubernamentales para desacreditar a la Justicia no difieren prácticamente en nada de los utilizados por Trump cuando tiene problemas con los tribunales o con los usados por Marine Le Pen antes y después de ser inhabilitada. Añadamos hoy, aprovechando la casi unánime alegría por la derrota de Orbán en Hungría, que una de las cosas que más se le afean al ultraderechista húngaro es haber convertido la Justicia de su país en un chiringuito presidencial. Cuando el Gobierno español decide, por sentirse directamente perjudicado por una instrucción como la del juez Peinado, que quiere reformar la ley para que sea la Fiscalía quien investigue en la fase de instrucción, ¿no estamos hablando de una reforma a la carta del gusto presidencial?

El Gobierno dice confiar en que la decisión del juez Peinado será revocada por la Audiencia Provincial madrileña. Es este argumento -confianza y fe - lo más, quizás lo único, razonable de su reacción. Pero, ¿y si no sucede así? ¿Estaremos ante una nueva prueba de la quiebra del Estado de derecho en España para ser coherentes con el argumentario utilizado hasta ahora? Adelantemos más futuribles: si un jurado popular absuelve a Begoña Gómez, ¿será porque la Justicia habrá finalmente funcionado en manos de los ciudadanos? Pero, si esas mismas personas la condenasen: ¿Será que en Madrid sólo hay ciudadanos fachas o medio fachas y que la sentencia ya estará dictada antes de empezar? El daño que provoca este modo de situarse ante las resoluciones judiciales, habitual en todos los partidos pero llevado al extremo por el sanchismo, es irreparable; pues con el descrédito de la Justicia pasa con el rascar, todo es empezar.

Del caso Begoña Gómez, con independencia de su final, debieran extraerse conclusiones. La primera, que quizás convenga regular en qué condiciones y con qué recursos debe manejarse la actividad privada de los familiares del presidente del Gobierno que comparten domicilio con él en la Moncloa. La segunda, válida para otros casos de corrupción, que debiéramos esforzarnos siempre para actuar con la mayor institucionalidad posible; esto es, haciendo cada uno lo que se espera exactamente de él que haga. El gobernante gobernar y respetar las instancias judiciales, los jueces instructores dirigir investigaciones sin necesidad de derivar en tertulianos o articulistas en sus escritos y los medios de comunicación informar. Por la parte que nos toca, la evolución del caso ha acreditado que El Confidencial cumple escrupulosamente con su función. No todos pueden decir lo mismo.

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