Las esquinas de los centros de poder en Andalucía dan mucho de sí, sobre todo si uno se encuentra en el lugar correcto y en el momento adecuado:

Por las esquinas de las empresas auxiliares de Defensa en Andalucía reconocen su desconcierto con la situación que está viviendo Santa Bárbara Sistemas (filial de la norteamericana General Dynamics), el histórico fabricante de vehículos militares en España -blindados, carros de combate, mantenimiento- con plantas clave en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) o Trubia (Oviedo). La decisión del Gobierno de concentrar en Indra —convertida en tiempo récord de tecnológica a gran compañía nacional de Defensa— los grandes contratos militares ha abierto una guerra en el sector que ha saltado a los tribunales: la empresa americana ha recurrido un programa de alrededor de 10.000 millones de euros —7.240 en artillería (ruedas y cadenas) y otros 3.000 en préstamos asociados— que, en teoría, debía marcar el rumbo industrial de la próxima década. En este clima, Santa Bárbara reunió el martes a unas 500 personas en su planta sevillana para sacar pecho de su capacidad industrial frente a la delicada situación que vive Indra y su fusión con Escribano. En el sector se preguntan si este pulso judicial es un órdago para negociar una salida digna de General Dynamics de España o si, por el contrario, estamos ante el inicio de un blindaje administrativo que puede dejar a las plantas andaluzas en tierra de nadie mientras los gigantes terminan de medir sus fuerzas.

Por las esquinas del extremo oriental de Andalucía vuelve a abrirse paso el cansancio con el retraso de su tren y las eternas promesas incumplidas. La Mesa del Ferrocarril mantuvo hace unos días un encuentro con el PP tras el que volvió a aflorar un diagnóstico que ya casi nadie discute: la alta velocidad no solo no llegará en 2027, como ha repetido siempre el ministro de Transporte, Óscar Puente, sino que no es previsible que pueda estar antes de 2030. Al menos, así se desprende de los informes técnicos y los plazos de obras pendientes. Mientras tanto, la provincia sigue atrapada en una línea convencional marcada por retrasos continuos y viajes a Madrid de no menos de siete horas. Más que una queja puntual, lo que emerge es la persistente sensación de aislamiento de una provincia que lleva demasiado tiempo escuchando fechas que luego se mueven.

Por las esquinas de Hinojos —y de los otros once municipios afectados— se ha recibido con satisfacción la decisión de la Audiencia Nacional de admitir a trámite el recurso de la Junta de Andalucía, presentado el pasado mes de diciembre, contra el deslinde de la marisma de Huelva. La modificación, aprobada hace más de un año por el Ministerio para la Transición Ecológica sin consulta previa a los ayuntamientos, afecta a unas 11.500 hectáreas en las que se ubican hasta 2.000 viviendas y explotaciones. El argumento del Gobierno es que esos terrenos de marisma —influenciados por las mareas— deben considerarse dominio público marítimo-terrestre conforme a la Ley de Costas, y no fluvial. A esa interpretación se oponen instituciones como la Diputación Provincial y organizaciones como WWF, aunque por motivos distintos. El Ministerio dispone ahora de 20 días para responder en un conflicto que vuelve a poner sobre la mesa dónde empieza y dónde termina Doñana.

Por las esquinas de la barra: “Los astronautas han ido y vuelto de la Luna en menos tiempo del que tarda mi coche eléctrico en cargarse…”

© El Confidencial