Las razones de la desclasificación de documentos sobre el 23-F, expuestas por Elma Saiz, ministra portavoz del Gobierno, fueron una memez errática que mejoró las habituales de sus dos predecesoras en esa función, Isabel Rodríguez y Pilar Alegría. Según la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el levantamiento del secreto sobre 153 ‘unidades documentales’ atinentes a aquel fracasado golpe de Estado trataba de combatir los bulos de la ultraderecha y evitar que los "chavales vayan cantando por las calles el ‘Cara al sol". ¡Qué estupidez!

El peregrino argumento de la ministra navarra delataba el propósito de esta fallida maniobra de distracción: dominar la conversación mediática y desviarla de los asuntos mollares que perfilan a un Gobierno exhausto (hoy volverá a sufrir otro revolcón parlamentario con la negativa a convalidar el denominado ‘escudo social’) y a un PSOE fallecido y en estado de putrefacción. La táctica de la Moncloa es que el ingrediente de la ultraderecha no falte en el menú que tan falazmente sirve a diario el Gabinete de Pedro Sánchez y la Secretaría de Estado de Comunicación.

La desclasificación decidida por el presidente del Gobierno al amparo de una ley franquista de secretos oficiales (1968), anunciada en un post en la red X y, según la torpe ministra portavoz, sin saber de antemano el contenido de las revelaciones que se producirían, ha resultado un timo. Nada de lo que ayer se desveló altera en una coma las versiones históricas, periodísticas y judiciales de los hechos ocurridos antes y después de los días 23 y 24 de febrero de 1981. Si acaso confirman lo sabido: que el Rey Juan Carlos I no solo -como aseveró Felipe González ayer en el Senado- fue "absolutamente decisivo" para que el golpe fracasase, sino que, además, aclaran la intención de un sector de los sediciosos que consistía en eliminarle si no se alineaba con sus objetivos.

La ignorancia en muchos casos y la mala fe en otros habían creado un estado de opinión expectante sobre lo que la desclasificación de marras podía deparar. Lo cierto, sin embargo, es que el ‘caso 23-F’ estaba descodificado desde hace años. Las sentencias del Consejo Supremo de Justicia Militar (entidad suprimida en 1987 y cuyas competencias pasaron a la Sala Quinta del Supremo) dictada contra los golpistas en junio de 1982 y la de su casación (interpuesta a instancia del Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo) resuelta un año después por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que agravó las penas a los condenados, dispusieron de toda la relación de hechos necesaria para el esclarecimiento de la asonada.

Una serie posterior de publicaciones rigurosas, terminó por arrojar un relato completo. Javier Cercas lo advirtió rotundamente en este periódico: "el 23-F fue un golpe sin documentos y lo todavía secreto es irrelevante". Esta afirmación del autor del insuperado reportaje literario, periodístico y de investigación Anatomía de un instante se publicó el 2 de agosto de 2022 y ha sido reiterada por el académico en varias ocasiones. Y razones tenía para hacerlo porque su célebre relato sobre el golpe lo publicó en 2009. Entre ese año y su rotunda declaración medió en 2020 la publicación de otro texto definitivo: El golpe que acabó con todos los golpes del catedrático de Historia Contemporánea Juan Francisco Fuentes, prologado por el también historiador Jordi Canal, que desmiente todas y cada una de las tesis conspiranoicas. Afirma Fuentes que "la trascendencia de un acontecimiento histórico se mide por las teorías conspirativas que acaba generando" y sostiene que el "el 23-F fue el resultado de una tradición militarista que murió con él".

Y es concluyente respecto del papel de Juan Carlos I: "Aquel minuto y medio en que el rey compareció ante las cámaras de televisión explica el posterior empeño de sus damnificados, convertidos en reos de rebelión, en negar la evidencia: que la Corona estaba en contra del golpe y que lo estuvo desde el principio". En último término, y si se quiere profundizar en el comportamiento del padre de Felipe VI en aquellos días decisivos, háganse con un ejemplar de El Rey de Manuel García Pelayo, cuya segunda edición se presentó ayer con la presencia del jefe del Estado en el Senado. El que fuera el primer presidente del Constitucional, eximio jurista de vocación republicana, redactó un informe que avaló de principio a fin todas las decisiones ‘militares y civiles’ del monarca, al que Felipe González recuperó para la posteridad al enfatizar su intervención como ‘decisiva’ en el fracaso de la rebelión. Así se entiende que, en donde el expresidente y exsecretario general del PSOE acude, se dan de baja los socialistas del sanchismo.

Asunto, pues, resuelto y acabado. Si los chavales cantan en la calle el ‘Cara al sol’, hipótesis delirante más allá de lo anecdótico, no van a dejar de hacerlo por la desclasificación ordenada por Sánchez que es mucho más torpe de lo que parece porque si su afán es la búsqueda incansable de la verdad tendrá que ser coherente y desvelar lo que la Comisión Nacional de Transparencia y Buen Gobierno le reclama y a la que él no atiende: todo lo que le recordó como pendiente el jefe de la oposición ayer en la sesión de control en el Congreso y algunos otros episodios sórdidos sobre los que el CNI tiene con seguridad información verdaderamente relevante.

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