La amnistía mercantil de Pedro Sánchez está amortizada desde el punto de vista político, aunque desde el judicial le quede un recorrido considerable que pasa por el Constitucional, por el Supremo y, no es descartable, otra vez por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al que la Sala Segunda podría acudir si, como viene ocurriendo de manera recurrente, Cándido Conde-Pumpido da orden a los magistrados 'progresistas' para que se excedan en el alcance de su jurisdicción y revoquen la decisión del Supremo de no aplicar la medida de gracia a los condenados por malversación.

La realidad política en España es que, a pesar de que Junqueras y Turull, condenados por sedición (de la que se les indultó en 2021) y malversación, están inhabilitados para empleo o cargo público y no son elegibles hasta 2031, y Puigdemont se encuentra en busca y captura, son prescriptores decisivos en la actual legislatura. Junqueras firmó el pacto con Bolaños para investir a Sánchez y Jordi Turull lo hizo con Santos Cerdán, tras unas negociaciones en las que participó José Luis Rodríguez Zapatero.

No deja de resultar un episodio de justicia poética que Junqueras, Turull y Puigdemont se puedan beneficiar de la amnistía y que sus interlocutores socialistas, Cerdán y Zapatero, estén imputados, su reputación arrasada y su horizonte vital aviste fuertes condenas penales. Este es el resultado de la gestión de Sánchez: 'la reconciliación' a la que se refieren los quince jueces europeos en sus sentencias del pasado jueves consiste en que unos........

© El Confidencial