Hay cláusulas que, sin hacer ruido, dañan la competencia. Aparecen en el pliego de un contrato público, pero nadie las impugna; a veces por desconocimiento, otras porque recurrir exige tiempo y recursos. Y así, licitación tras licitación, una parte del mercado se queda fuera.

Esto es lo que ha ocurrido durante años —y sigue ocurriendo— con muchos contratos de verificación de fondos europeos en los que se exige que el licitador esté inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, el ROAC.

Cada euro del FEDER o del Fondo Social Europeo que gasta una comunidad autónoma o un organismo público tiene que ser verificado: hay que comprobar que la obra existe, que la factura se pagó, que la contratación fue correcta, que el beneficiario cumplía las bases, etcétera. Es una tarea compleja, pero no es una auditoría de cuentas. No lo es por su contenido, ni tampoco cabe calificarla como tal a la luz del artículo 1.2 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.

Aun así, la exigencia de inscripción aparece en los pliegos una y otra vez. El resultado es que, en la práctica, a esas verificaciones solo acaban concurriendo las grandes firmas. Quiero pensar que no siempre hay detrás una intención de restringir la........

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