Gritaban "musulmán el que no bote", con el torso desnudo, agitando bufandas y banderas, y aquella barbaridad festiva se convirtió en la mayor manifestación racista que ha existido en España. Pero no ha pasado nada. Ocurrió en Barcelona, en el campo de Cornellà-El Prat, en el partido de la selección española contra la de Egipto. Los cálculos policiales cifraron en 20.000 personas el número de espectadores que corearon el grito, la mitad del estadio, y ahora, dos semanas después, sólo la Federación Internacional de Futbol (FIFA) parece interesada en investigar qué sucedió y cómo pudo ocurrir. Las críticas y las preocupaciones políticas se apagaron a las pocas horas y de las investigaciones abiertas en España sólo conocemos que los Mossos D'Esquadra anunciaron una investigación y que el Ministerio de Igualdad anunció que iba a pedir a la Fiscalía que abriera un expediente ante la posible existencia de un delito de odio. Nada más se ha podido saber de esas investigaciones porque, ante la dimensión que alcanzó el cántico racista, lo aconsejable para los gobiernos de España y de Cataluña sea que todo se acabe olvidando, como si nunca hubiera sucedido. De hecho, lo primero que tendría que haber pasado, y no se produjo, es que se suspendiera de forma inmediata el partido de fútbol. Ni siquiera se difundieron por los videomarcadores las advertencias propias de estos incidentes hasta que llegó el descanso. Según la versión de la Federación Española de Fútbol, no se hizo por sugerencia del árbitro del partido para "no provocar un efecto llamada", con lo que debemos suponer que, en adelante, esa sea la excusa para trasladar de unos a otros la responsabilidad de no haber actuado de forma contundente, en correspondencia con la gravedad de lo sucedido.

Esta última consideración, la gravedad de lo sucedido, es la que nos lleva directamente a trascender del ámbito meramente deportivo al político. Por una duda que surge al instante: ¿las reacciones políticas hubieran sido las mismas si el incidente racista se hubiera producido en el campo del Real Madrid, por ejemplo? Podemos estar seguros de que la polémica se habría extendido a la confrontación política, incluidas las peticiones de dimisión en la propia Federación Española de Fútbol, como organizadora del partido en el campo de Cornellà-El Prat. Sin embargo, es en Cataluña donde está creciendo la extrema derecha con más fuerza como vienen señalando todos los sondeos que se publican. En la última encuesta del Centro de Estudios de Cataluña, dependiente de la Generalitat, a finales del año pasado, ya se decía que la extrema derecha independentista, Aliança Catalana, empataría ya en el número de escaños con el partido del fugado Puigdemont. Pero ni sólo crece esa extrema derecha, también sigue creciendo VOX, que puede superar al Partido Popular. Sumando unos y otros, el resultado es que, si se celebraran hoy elecciones, una cuarta parte de los escaños del Parlament de Cataluña estaría ocupada por esos dos partidos de extrema derecha, antagónicos en su concepción del Estado pero no en el fomento del racismo.

La proliferación del racismo es un fenómeno muy complejo, en el que intervienen muchos factores, pero en el caso de Cataluña, algo tendrá que ver el final de la revuelta independentista. Por un lado, la claudicación penal que ha impuesto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con su ley de amnistía. La frivolidad política y la supeditación del Estado de Derecho por un puñado de votos en el Congreso de los Diputados jamás conduce a la ‘normalización’ de ningún conflicto, como falsamente sigue afirmando el Gobierno de España. "El respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social", como se dice en el artículo 10 de la Constitución. Por otro lado, lo sucedido con los cánticos racistas vuelve a reafirmarnos en la certeza de que el populismo actúa en democracia con un efecto de ‘bola de nieve’: cuando se fomenta la radicalización de la sociedad, como sucedió en Cataluña durante ‘el procés’ independentista, se genera una inercia incontrolable. Los propios responsables de haber agitado la radicalización de la sociedad catalana se ven ahora desbordados por ese extremismo fanático. Dicho de otra forma: los mismos que hace dos semanas gritaban "musulmán el que no bote", habrían cantado "español el que no bote" si el partido de fútbol de la selección española se hubiera celebrado hace unos años. Por eso, una advenediza de la política, como Silvia Orriols, ha pasado en pocos años de ser una concejala anónima de Ripoll a disputarle al expresident Puigdemont todo el electorado independentista de extrema derecha que aglutinaba.

La dificultad evidente que supone señalar responsabilidades individuales en un colectivo de 20.000 personas no puede dejar impune la gravedad de lo sucedido. Sólo con la aplicación de la ley penal se puede buscar la prevención del delito. Y ya existe en España jurisprudencia suficiente sobre estos incidentes. Tanto la Audiencia de Valladolid como un juzgado de Instrucción de Valencia han dictado recientemente sentencias condenatorias por delitos de odio, ambas relacionadas con insultos al jugador brasileño Vinicius. El propio Tribunal Supremo, en otro caso diferente a los dos anteriores, estableció, también el año pasado, que "en un Estado social, democrático y de Derecho no cabe" este tipo de expresiones racistas. Y añadió, además, que cuando se producen, "la discriminación no sólo afecta a la víctima concreta, sino a la colectividad que se conmociona". Si esta doctrina es aplicable a una sola persona, razón de más para considerarla si el delito se comete cuando medio estadio de fútbol grita "musulmán el que no bote". Y eso fue, precisamente, lo que sucedió el último día de marzo en Barcelona.

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