El expresidente de Valencia, Carlos Mazón, está libre de responsabilidad penal por la dana, pero se mantiene intacta la condena social por la estupidez política exhibida desde aquel maldito 29 de octubre de 2024. Murieron 230 personas y en todo este tiempo de instrucción judicial la jueza de Catarroja, que lleva el caso, no ha podido acreditar su acusación más severa y, también, la más osada. "El aviso fue tardío, las muertes fueron evitables", esa es la conclusión más osada, que la dictó en febrero del año pasado, tres meses después del suceso. La más severa la realizó un mes después, en nuevo auto establecía que Carlos Mazón era el responsable principal de los homicidios por su "presunta grosera negligencia (…) de cerca de cinco horas (…) con una actitud pasiva" en el reservado de un restaurante, lo que provocó la tragedia "con un grave resultado mortal de 230 fallecidos".

Durante el año transcurrido, la jueza de Catarroja se ha movido sobre esas dos convicciones suyas y ha llevado la investigación judicial hasta el detalle más insignificante de la actuación del entonces presidente de la Generalitat de Valencia, cuando estaba comiendo con una periodista en el reservado de un restaurante, el famoso Ventorro. Como es sabido, en esa comida, en la que la sobremesa se alargó hasta cuatro o cinco horas, Carlos Mazón se aisló de cuanto estaba ocurriendo, mientras que los miembros del CECOPI, el centro de coordinación, trataban de gestionar la catástrofe.

Hace unos meses, a final del pasado año, después de tomar declaración a todos los implicados, la jueza consideró necesario, incluso, pedir que se aportaran a la causa la factura de la comida, los detalles de la comanda y una foto del reservado en el que estuvieron comiendo el ahora expresident y su invitada. Semanas después hizo lo mismo con las facturas del 'parking' en el que estaba el coche de la periodista, con un cálculo aproximado del tiempo empleado en recorrer cien o doscientos metros, hasta llegar al lugar en el que lo estaban esperando inútilmente.

Todo lo anterior, como se presumirá, fue recibido con euforia de grandes titulares por algunos medios de comunicación, del estilo de "la jueza acorrala" o "la jueza desmonta las mentiras de Mazón, de Feijóo y del Partido Popular". Durante meses, con un indisimulado morbo sucio, se jalearon todas las hipótesis posibles sobre el tiempo que Carlos Mazón empleó en la sobremesa, sin atender que todo ese barrizal no servía de nada para aclarar el porqué de lo sucedido. Y, por supuesto, sin respeto alguno a la dignidad de la mujer que estuvo en aquella comida.

Conviene reseñar todo lo anterior porque, ahora que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, por unanimidad y de acuerdo con la Fiscalía, ha descartado el procesamiento de Carlos Mazón por los delitos de homicidio imprudente; ahora, lo que se echa de menos son los discursos encendidos del ‘lawfare’, el acoso a los jueces, acusados de actuar como terminales de un partido político. Nadie habrá oído en esta ocasión por la simple razón de que el sesgo político del que se podría acusar a la jueza es el que ellos comparten.

La jueza de Catarroja ha actuado, de forma equivocada o no, de acuerdo con sus convicciones legales y es el propio sistema judicial español el que acaba corrigiendo las interpretaciones que no se ajustan a derecho. No, la jueza de Catarroja no es a la que debemos culpar en modo alguno de ‘lawfare’, entre otras cosas porque el propio concepto lo que determina es un sistema judicial politizado por completo, de arriba abajo. En un Estado de derecho, un proceso judicial es garantista por muchas razones, entre otras la existencia de instancias judiciales superiores que imponen su criterio, en tribunales formados por varios magistrados. Cuando eso ocurre, es el propio concepto de ‘lawfare’ el que deja de tener sentido. Por eso es tan relevante el silencio de los incendiarios de la ‘justicia politizada’, porque esta es una prueba contundente de la falsedad de sus insidias cuando salen a defender a Pedro Sánchez. Lo que, en realidad, querrían todos esos es una justicia inquisitorial o sumarísima, como en las dictaduras. Denuncian ‘lawfare’ porque les gustaría controlar a la Justicia a su antojo.

El archivo de la investigación contra Carlos Mazón, sin embargo, no supone en absoluto una desautorización de la jueza de Catarroja y, mucho menos, la inhabilita para seguir con la investigación, con absoluta libertad e independencia. También el TSJCV lo deja claro, que, aunque "es claro que el president de la Generalitat no incurrió en infracción de una norma legal en materia de emergencias", ello no presupone que el caso deba cerrarse "sin prejuzgar otras posibles responsabilidades".

La gran ventaja del archivo de Carlos Mazón es que, a partir de ahora, la investigación debe centrarse más en las enormes dudas que, desde el principio, despierta la catástrofe de Valencia. Son los ‘agujeros negros’ que se han señalado aquí otras veces con la exclusiva pretensión de no añadir más angustia y más pena a las miles de personas que perdieron a seres queridos en la tragedia de Valencia haciéndoles creer que todo se podría haber evitado. Sostiene la jueza de Catarroja que la dana no fue un "fenómeno meteorológico imprevisto", ya que la Aemet avisó con tres días de antelación y es tan cierto como lo contrario: en ningún lugar del mundo se puede precisar que la tormenta va a descargar en un punto determinado ocho o diez veces más agua que nunca en la historia.

Mientras en la sierra de Chiva caían hasta 800 litros por metro cuadrado, unos kilómetros más abajo, en Paiporta, apenas había llovido, menos de 10 litros. Si no hay servicio de meteorología en el mundo que sea capaz de anticipar el tsunami que iba a producirse, sierra abajo, cómo vamos a pretender que hubiera una alerta, muchas horas antes, para que los habitantes se subieran a las azoteas o desalojaran sus viviendas y salieran de la ciudad.

"La instrucción habrá de determinar las causas, que hasta el momento no resultan explicables"

En uno de sus primeros autos, la jueza de Catarroja se lo preguntaba así: "La instrucción habrá de determinar las causas, que hasta el momento no resultan explicables, no solo para los familiares de los fallecidos, sino para esta jueza instructora, de por qué no se indicó a la población que se resguardara subiendo a zonas altas, más allá del doloroso, por su tardanza, e incompleto por su contenido, mensaje que se ceñía a evitar desplazamientos". Si, como se ha dicho aquí otras veces, la terrible tragedia de Valencia se debió a una catástrofe natural desconocida, seguida de una negligencia monumental de las administraciones, la duda de la jueza de Catarroja se quedará sin respuesta. Porque no existe respuesta. Y la exigencia de responsabilidades se centrará, entonces, en el abandono injustificable de los damnificados durante tres días.

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