El Tribunal Constitucional (TC) está a punto de revocar el mandato de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón por el caso de los presuntos aportes ilícitos a las campañas de su partido, Perú Libre. Dicha medida fue ordenada por el Poder Judicial a finales del 2023, debido a que en ese entonces Cerrón llevaba dos meses prófugo –tras la condena que recibió por el Caso Aeródromo Wanka– y ya había dejado meridianamente claro que no tenía interés alguno en cumplir las disposiciones de la justicia peruana. Casi 30 meses después, por cierto, continúa fugitivo y en ningún momento ha mostrado un solo indicio de querer ponerse a derecho.

Ahora, uno de sus abogados, Humberto Abanto, ha sostenido en la audiencia del TC celebrada esta semana para evaluar la anulación de la prisión preventiva contra Cerrón, que su patrocinado sí pasó a la clandestinidad, pero que lo hizo por culpa del Estado Peruano, que prácticamente lo empujó a dicha situación al encontrarlo culpable de corrupción en el ya mencionado Caso Aeródromo Wanka (una condena que luego fue anulada gracias a la intervención del TC). El letrado, además, ha añadido que su cliente tenía algo así como un ‘derecho a fugarse’ y que, debido a que es el candidato presidencial de Perú Libre, su campaña “no corre en condiciones de igualdad con sus demás competidores”. Argumentos en los que, por decirlo de algún modo, la vergüenza y el decoro se han fugado.

Al respecto, cabe decir que, como hemos mencionado en infinidad de oportunidades, la prisión preventiva no es un pronunciamiento de fondo; es una medida temporal que se toma para resguardar el buen desarrollo de un proceso en casos en los que, por ejemplo, los implicados muestran un alto riesgo de fuga. Y Cerrón, por cierto, ha evidenciado esto… y con creces. En segundo lugar, si un procesado siente que una resolución en su contra es injusta, tiene todo el derecho a impugnarla en las instancias respectivas, pero de ninguna manera puede sustraerse de la acción de la justicia. Por último, si Cerrón hoy no puede realizar sus actividades proselitistas al igual que el resto de candidatos, ello es responsabilidad expresa de su partido, que optó por elegir a un fugitivo como aspirante presidencial a sabiendas de su situación legal.

Si finalmente el TC –que, como advertimos hace dos días, ha tramitado este caso con una inusitada celeridad– decide darle la razón a Cerrón, estará enviando el peligroso mensaje de que en el Perú cualquier procesado es libre de desacatar una orden judicial y fugarse. Una premisa que es difícil de compatibilizar con un Estado de derecho donde los mandatos judiciales, hasta donde sabíamos, se pueden impugnar, pero no desacatarse.

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