Víctor García Toma: “Para algunos fiscales y jueces, obtener una privación de libertad los convertía en ‘rockstars’”
El TC es un órgano de control de defensa de los principios, valores y normas constitucionales. Adicionalmente, es el último guardián que tiene el ciudadano para defender sus derechos fundamentales y es el que resuelve los conflictos de competencia entre los distintos órganos del Estado. Esas son las funciones. En ese contexto, tiene la facultad de la interpretación suprema de la Constitución. Finalmente, la Constitución es aquello que dice el tribunal con acierto o con error. Entonces, ¿qué ha pasado en este tiempo? Como fruto de la politización de la justicia, se ha venido utilizando el aparato institucional del Ministerio Público y del Poder Judicial para dirimir conflictos, controversias o reyertas de carácter político que deberían darse en otros escenarios. Entonces hemos sustituido la lucha política por la lid judicial, y es por eso que se han presentado casos como los de Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski u Ollanta Humala, en los que se han llevado a cabo procesos imputándoles conductas que no están tipificadas en el Código Penal.
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—¿Cómo puede interpretar un ciudadano común, por ejemplo, el caso concreto de Ollanta Humala, que sale en libertad después de una sentencia condenatoria? Los ciudadanos no son expertos en leyes y lo que observan es que el TC ordena la libertad de algunas personas.
Después de la vida, la libertad es el bien jurídico más importante para una persona, y máxime cuando va a un centro carcelario, y esto no se puede dar en un marco donde se afectan el debido proceso y la tutela procesal efectiva. Aun por el hecho de ser notorias, notables o despreciables, como quiera observarlo el ciudadano, lo cierto y lo real es que estas personas tienen derechos, y las han estado sometiendo a hechos indebidamente investigados y sancionados por conductas que no eran reprensibles, según la legislación penal. En el caso de Humala, ya se habían resuelto los casos de Fujimori y Kuczynski, en el sentido que la recepción por parte de terceros de ciertos montos de dinero no implicaba la existencia del delito de lavado de activos, porque ese delito no existía en el momento en que fueron imputados estos hechos. Sin embargo, por arte de magia, malos fiscales convirtieron lo que en todo caso era una infracción administrativa en un “delito” y los privaron de libertad. Entonces, allí interviene la justicia constitucional. Eso no significa que sean inocentes; existen otros procesos abiertos y la justicia dirá si son culpables o no.
“Eso no significa que sean inocentes; existen otros procesos abiertos y la justicia dirá si son culpables o no”.
“Eso no significa que sean inocentes; existen otros procesos abiertos y la justicia dirá si son culpables o no”.
—Entonces a lo que se está apuntando es a preservar el derecho a la libertad.
Por ejemplo, en el caso de Vladimir Cerrón puede haber muchas interpretaciones, pero en concreto, ¿cuál ha sido la línea jurisprudencial del tribunal? Extrayéndonos del caso en concreto, la línea de interpretación ha sido........
