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Por Mauricio Restrepo Gutiérrez - opinion@elcolombiano.com.co

El decreto expedido por el gobierno de Gustavo Petro, en el marco de la llamada emergencia económica, lejos de introducir una corrección técnica al sistema eléctrico colombiano, constituye un atajo político tan vulgar como desesperado, propio de un Ejecutivo que entra en la recta final de su mandato sin resultados que exhibir en uno de los sectores más estratégicos del país.

Bajo el lenguaje eufemístico de la protección social, la norma habilita una transferencia forzada de recursos desde los agentes eficientes hacia empresas intervenidas que concentran los peores indicadores de gestión del sistema eléctrico. No se trata de un ajuste contractual ni de un acuerdo sectorial, sino de la apropiación directa de energía producida bajo riesgo privado y capital intensivo. Esa........

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