Cuando se pretende analizar las democracias contemporáneas, tendemos a evaluar el poder mediante variables macroeconómicas o a través del ruido que se genera en las sesiones de control en el Congreso. Sin embargo, gobernar es, por encima de todo, un acto ético de gestión donde debe situarse como epicentro el progreso material de la mayoría social de un país. La ciudadanía exige que la política recupere su vocación útil y se presente como la herramienta que resuelva los problemas del día a día: una Sanidad Pública robusta, una Educación Pública que actúe como ascensor social y el acceso real a una Vivienda digna, temas que sociológicamente constituyen las verdaderas preocupaciones de la gente de la calle.

Cuando esto no ocurre y se percibe que la acción pública se divorcia de la realidad para favorecer a las élites económicas, la salud democrática sufre una herida severa. Asistimos hoy a una intolerable maquinaria de acoso y derribo por parte del Partido Popular hacia el actual Ejecutivo, intentando inocular la falacia de que sólo su formación posee el monopolio del buen gobierno en España. Olvidan con ello el principio constitucional de que la soberanía popular reside en el pueblo. La voluntad de poner y quitar gobiernos corresponde exclusivamente a los ciudadanos que eligen libremente a sus representantes en las instituciones del Estado.

El problema se agrava cuando se aprecia constantemente se aprecia que la labor de la oposición no es fiscalizar al gobernante ni plantear alternativas programáticas serias.........

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