Por: María del Carmen Jiménez

Cuando desde el poder se emplea un lenguaje que presenta a las universidades públicas como espacios sospechosos o reduce a sus estudiantes a categorías asociadas con la delincuencia, se cruza una frontera peligrosa. La crítica a hechos individuales concretos es legítima en una democracia; la estigmatización de una institución esencial para la República no lo es. Por eso resultan profundamente inaceptables las declaraciones del señor Abelardo de la Espriella sobre las universidades públicas y las advertencias de intervención con la fuerza pública que ha planteado respecto de los campus universitarios.

Millones de colombianas y colombianos somos hijos de la universidad pública. Allí aprendimos que pensar no es obedecer; que preguntar no es delinquir; que disentir no es una amenaza contra la patria, sino una condición de la democracia. Esas aulas no nos regalaron privilegios: nos abrieron caminos. Convirtieron el origen humilde en posibilidad, el silencio en palabra y la incertidumbre en conocimiento.

La Constitución colombiana protege........

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