ERNESTO CARDOSO CAMACHO

Una vez más se hace presente la tragedia nacional que ensombrece nuestra estabilidad institucional. La reciente decisión adoptada por la Juez 44 de Familia de Bogotá, en la que al admitir para su respectivo trámite una acción de tutela, para proteger los derechos fundamentales de los niños y adolescentes involucrados en el conflicto armado, constituye un nuevo episodio donde es válido preguntarse si estamos regresando al intento del llamado gobierno de los jueces.

Y es sin duda una tragedia nacional en la medida en que si bien es cierto existe la separación de poderes como núcleo esencial del sistema democrático regido por el Estado Social de Derecho, la propia constitución señala con claridad en su artículo 113 que “……..[ Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines]” Y esos fines del Estado están a su vez claramente definidos en el artículo segundo donde entre otros,  exige mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica  y la vigencia de un orden justo, pero además su último inciso precisa “ las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,  creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes........

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