La evolución reciente de la economía y de la geopolítica, con nuevas tensiones inflacionistas en el horizonte inmediato, obliga a recuperar un debate que nunca debió cerrarse. Me refiero a la deflactación automática del IRPF.

En los próximos meses podríamos asistir a un nuevo repunte significativo de los precios, un escenario cercano que muchos creíamos ya superado. La tensión geopolítica derivada del conflicto en Irán y las dificultades en el estrecho de Ormuz -una de las principales arterias del comercio mundial de petróleo- apuntan a una posible reducción sostenida de la oferta. Aunque existen reservas estratégicas, distintos análisis advierten de un déficit relevante en el mercado, que podría situarse en torno a los 10 u 11 millones de barriles diarios.

Este desequilibrio entre oferta y demanda tiene consecuencias inmediatas. Un aumento del precio del petróleo que algunas previsiones sitúan en niveles muy elevados. Los escenarios más extremos -que conviene tomar con cautela- apuntan a un barril en torno a los 200 dólares. Y ya sabemos que cuando el petróleo sube, sube todo: energía, transporte, alimentos, producción industrial. En definitiva, aumenta el coste de la vida. Conviene decirlo con claridad, aunque resulte incómodo. En términos reales, esto nos hace más pobres como sociedad, porque dependemos de un recurso cuya escasez lo encarece. Sin embargo, rara vez escuchamos a los gobiernos expresar esta realidad de forma directa. Y no es casual. Porque, en paralelo a esa pérdida de poder adquisitivo, se produce un fenómeno menos visible pero muy relevante: el aumento automático de la recaudación fiscal.

La inflación actúa, en la práctica, como un impuesto silencioso. No se debate en los parlamentos, no se vota y no aparece en los programas electorales, pero tiene efectos muy concretos sobre los bolsillos de los ciudadanos. A medida que suben los precios y, en muchos casos, también los salarios nominales, los contribuyentes pasan a tramos superiores del impuesto sobre la renta sin haber mejorado realmente su capacidad económica. Pagan más impuestos no porque sean más ricos, sino porque todo es más caro.

Este fenómeno, conocido como progresividad en frío, genera una distorsión evidente del sistema tributario. Es cierto que en los últimos años se han adoptado medidas puntuales de deflactación parcial, lo que demuestra que el problema existe. Pero el fondo sigue intacto: la ausencia de un mecanismo automático que proteja de forma estable y completa a los contribuyentes frente a este efecto.

Aquí es donde cobra pleno sentido insistir en la deflactación automática del IRPF. Deflactar un impuesto significa ajustar sus parámetros al efecto de la inflación, evitando que una subida generalizada de precios se traduzca en un aumento de la carga fiscal real. No se trata de bajar impuestos, sino de mantener constante el esfuerzo fiscal en términos reales. Un ejemplo sencillo lo ilustra bien: si los precios suben un 5% y tu salario también, no eres más rico. Mantienes tu poder adquisitivo. Sin embargo, si el sistema fiscal no se ajusta, acabarás pagando más impuestos. La deflactación corrige precisamente esa injusticia y evita decisiones discrecionales.

Algunos países ya incorporan este mecanismo de forma automática, indexando sus tramos al índice de precios. De este modo se evita que la inflación se convierta en una fuente encubierta de ingresos públicos. Es una cuestión de equidad, pero también de transparencia y de calidad institucional.

En España, sin embargo, este ajuste sigue dependiendo de decisiones políticas puntuales. Esa discrecionalidad introduce, además, un elemento poco saludable en el debate público: la idea de que el gobierno “regala” algo al contribuyente cuando decide deflactar. En realidad, no hay ningún regalo, sino la corrección de un exceso de tributación generado por la inflación. El problema será aún más relevante en un entorno económico previsiblemente más incierto y volátil en los próximos años. Precisamente por eso resulta necesario un mecanismo estable, predecible y ajeno al ciclo político, que aporte certidumbre tanto a familias como a empresas.

Navarra tiene aquí una oportunidad singular. Su régimen foral le permite adoptar soluciones propias y avanzar hacia un sistema fiscal más coherente. Implantar una deflactación automática del IRPF sería un paso decisivo en esa dirección. No se trata solo de una cuestión técnica, sino de credibilidad institucional. Un sistema fiscal que protege de forma sistemática a los ciudadanos frente a efectos no deseados de la inflación refuerza la confianza y mejora la calidad del debate público.

La inflación que puede derivarse de la actual situación internacional actuará, además, como un amplificador de la recaudación. Beneficiará en gran medida a las empresas energéticas y a las administraciones públicas, mientras su coste recaerá directamente sobre los ciudadanos. No corregir este efecto equivale a aceptar una transferencia silenciosa de recursos que erosiona la equidad del sistema.

Hace tiempo llevé este debate al Parlamento. No fue posible avanzar entonces, aunque al menos se logró abrir una discusión que hoy vuelve a ser plenamente pertinente. El contexto ha cambiado, pero la necesidad sigue siendo la misma, y quizá ahora es más urgente que nunca. Por eso, este es un buen momento para retomarlo. Para que el Parlamento y el Gobierno de Navarra analicen, con rigor y sin prejuicios, la posibilidad de implantar una deflactación automática del IRPF. Navarra podría situarse a la vanguardia en materia fiscal, reforzando además el valor de su autogobierno.

Deflactar no es un privilegio, es una cuestión de justicia. Y en tiempos de inflación e incertidumbre, la justicia fiscal no debería ser opcional.

María Jesús Valdemoros. Lecturer en IESE Business School

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