"Cada vez que aumenta la inseguridad para quien pone una vivienda en alquiler, disminuye el incentivo para ofrecerla. Lejos de aprender, Navarra ha decidido avanzar un paso más"
España afronta uno de sus mayores problemas económicos y sociales: la falta de vivienda. La escasez de oferta está elevando los precios de compra y alquiler, dificulta la movilidad laboral, retrasa los proyectos de vida de miles de personas y amenaza la competitividad de nuestra economía. Los datos son elocuentes. Entre 2021 y 2025 se crearon en España más de 1,2 millones de nuevos hogares, mientras que apenas se terminaron unas 466.000 viviendas. El resultado es un déficit acumulado cercano a las 750.000 viviendas. Solo en 2025 el desfase ascendió a casi 150.000. El propio Banco de España ha advertido de la insuficiente oferta residencial para atender el crecimiento de la demanda. Cuando la oferta crece mucho menos que la demanda, los precios aumentan. Es una ley económica tan sencilla como inevitable. Sin embargo, algunas administraciones siguen empeñadas en combatir las consecuencias en lugar de resolver las causas. Navarra constituye uno de los ejemplos más claros de esa deriva. Hace unos meses decidió aplicar el control de precios del alquiler. Desde Institución Futuro adelantamos lo que ocurriría, porque así había sucedido ya en Cataluña y en numerosas ciudades internacionales: limitar artificialmente los precios no genera más viviendas. Los efectos no tardaron en aparecer. La oferta de viviendas disponibles para alquilar descendió de forma apreciable. Muchos propietarios retiraron sus inmuebles del mercado y otros optaron por el alquiler temporal o simplemente decidieron no alquilar. No fue una........
