Por: Fernando Zambrano Ortiz

Analista Político

Desde que en 2017 el fiscal José Domingo Pérez asumió la investigación sobre los presuntos aportes ilegales de campaña a Fuerza Popular, su enfoque se ha ampliado para incluir contribuciones de 2011 y 2016. Sin embargo, es evidente que en esos años los hechos en cuestión no eran considerados delitos penales, sino infracciones administrativas.

La falta de criterio y la intencionalidad política del fiscal se hicieron evidentes cuando intentó vincular el caso con lavado de activos y, de manera poco creíble, con organización criminal, a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos por la doctrina y la legislación vigente.

Jueces que carecían de un sólido criterio procesal penal, pero que parecían tener un fuerte sesgo político, accedieron a solicitudes de prisión preventiva contra Keiko Fujimori en tres ocasiones. Esto ocurrió tras permitir discursos políticos del fiscal y acusaciones débiles basadas en informes de ONGs o artículos periodísticos, lo que representa una clara violación de derechos........

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