20 de abril 2026 - 03:08

Hablar de poderes del Estado es una forma de anonimizar la autoridad, sustituyendo personas –el juez, el ministro, el diputado– por ficciones: el poder judicial, el ejecutivo, el legislador. Esto nos permite ordenar jurídicamente las relaciones entre instituciones y diluir en cierto grado la autoría de sus actos. En cualquier caso, se trata de una abstracción que requiere, para ser creíble, cierta lealtad por quienes encarnan los poderes, ya que los ciudadanos no dejamos de ver a un ministro o a un juez, de carne y hueso, tras el ejecutivo y el judicial. Es importante recordar esto frente al argumento falaz de la libertad de expresión del poder. Pensemos en el juez que encarna el poder judicial. Desde luego, un juez tiene derecho a opinar, si bien podemos convenir que cuando se expresa públicamente como juez sobre cuestiones que pueden comprometer la imagen de imparcialidad no ya de él sino de la justicia, existe un deber ético de contención. Ese mismo juez, en todo caso, no disfruta de libertad de expresión en el ejercicio nuclear de su función. Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado no es manifestación de un derecho personal. Imaginemos un magistrado que investiga a la mujer del presidente y en un auto desliza un juicio tan imposible de reconducir a lo jurídico como calificar de absolutista al gobierno comparándolo con el reinado de Fernando VII. Expresiones así traicionan no ya a la credibilidad de quien juzga sino a la propia justicia que es quien ve manchada su imagen de imparcialidad. Es el propio órgano de gobierno de los jueces el que debería disciplinar los desafueros de quien, como en el ejemplo puesto, expresa espuriamente a través de sus fallos no la voz del derecho sino prejuicios personales. El Gobierno, al contrario de los jueces, manifiesta por necesidad un discurso político a través de sus actos. Es un poder no neutral, aunque esto no significa que la libertad de expresión avale las desviaciones de sus deberes institucionales básicos. Un ministro, pongamos de justicia, puede tener su opinión sobre una decisión judicial, sin embargo, no puede expresarla como cualquier otro ciudadano y es que el esquema de gobierno constitucional pierde su credibilidad si el ejecutivo hace uso de sus potestades comunicativas como púlpito de la coacción para doblegar a otro órgano del Estado, por el ejemplo, al órgano de gobierno de los jueces. Cualquier ministro ha de saber que un precedente así podría ser invocado mañana por otro ejecutivo, consolidándose una espiral de degradación, a la manera de eso que hemos llamado, perezosamente, democracias iliberales.

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