El exfiscal provincial José Domingo Pérez, antes considerado un “paladín” de la lucha contra la corrupción y casi un “héroe” de la democracia, ha terminado como el defensor de un vil corrupto y golpista como Pedro Castillo, al que encima tiene el desparpajo de considerar como un “preso político” tras haber sido condenado, en juicio público e impecable, a 11 años y cinco meses de cárcel por el intento de quiebre del orden constitucional que el mundo entero vio por televisión.

Pérez se ha quitado la careta y ha demostrado lo que se ha sabido siempre: que era un rabioso político de la izquierda enemiga de la democracia, lo que en todo momento lo descalificaba para ser un fiscal imparcial y guiado por el cumplimiento estricto de la ley para sancionar a los corruptos que tanto daño le han hecho al país en las últimas décadas. Ha quedado claro que fue bien botado del Ministerio Público y que jamás debió ser uno de sus integrantes. Su presencia allí era un signo de la tremenda decadencia de esa institución.

Ya desde que salió del Ministerio Público, se vio al abogado Pérez haciendo el ridículo durante algunas emisiones en redes sociales. Sin embargo, al asumir la defensa de Castillo y rodearlo de la misma narrativa que repiten todos los que se hacen llamar “demócratas”, pero defienden al último golpista de nuestra historia, se ha descubierto como un operador político del personaje más nefasto de nuestra historia reciente, que además tiene que responder por gravísimos cargos de corrupción.

Es evidente Pérez no ha sido contratado por su capacidad como “jurista”. Eso no se le ocurriría ni al limitado de Castillo, si se tiene en cuenta que el exfiscal “estrella” fue jalado en un examen para ser juez superior y que su acusación en el llamado Caso Cocteles le fue devuelta más de 15 veces por deficiente. Lo han puesto allí por su rol de ruidoso activista y su llegada a ciertos medios que aún no consideran como un “iluminado” de la honestidad, la eficiencia y el respeto a la democracia.

El siguiente en salir del Ministerio Público tendría que ser su jefe inmediato, Rafael Vela Barba, otro de los magistrados que por su sesgo y apego a la figuración mediática antes que al trabajo eficiente que el país exigía, contaminó de política la lucha contra la corrupción que debía ser una labor impecable. Junto a Pérez es un falso valor. Quizá otros golpistas como Betssy Chávez o Aníbal Torres también estén necesitando de un abogado-operador para librarse de la ratificación de sus condenas, y podrían darle empleo.

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