El escándalo sobre la participación de cuatro agentes de la CIA en una operación contra el Cártel de Sinaloa en territorio mexicano para el desmantelamiento de un megalaboratorio para producir fentanilo, ha sido reducido por el gobierno federal a un tema doméstico y focalizado: Chihuahua.

La violación a la Ley de Seguridad Nacional que cometieron el gobierno estatal y la CIA ya no está a discusión, y se está reduciendo a los chivos expiatorios, como sucedió el lunes por la noche con el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui.

Esta es la salida menos costosa, porque un juicio político para destituir a la gobernadora Maru Campos está fuera de todo escenario, al ser ayer virtualmente exonerada por el gobierno federal. 

Una acción limitada, pero de fuerza para recordarle a la CIA lo que no puede hacer –como podría haber sido la expulsión de los agentes en la oficina de Operaciones que tienen en el consulado de Monterrey– es letra muerta. 

La razón la aportó Palacio Nacional, donde fue caracterizado como un caso de “excepción”, eufemismo para justificar voltear hacia otro lado,........

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