Entre el anuncio y la realidad suele mediar un abismo que los mexicanos conocemos demasiado bien. 

El Decreto por el que se crea el Servicio Universal de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 17 de abril, lo confirma con precisión quirúrgica: 

Promete que cualquier persona podrá atenderse en cualquier institución pública de salud —IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar o Pemex—, pero no reforma la Ley General de Salud, no asigna un peso adicional y no toca la causa profunda del problema.

Lo que el decreto crea, en rigor jurídico, es un mecanismo administrativo de coordinación interinstitucional, un esquema para que las instituciones se compensen entre sí cuando atiendan a pacientes de otra derechohabiencia. 

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