El Primer Ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, durante su intervención en la tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.

Intervención de Manuel Marrero Cruz, primer ministro de la República de Cuba, en la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura, en el Palacio de Convenciones, el 18 de junio de 2026, “Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz”.

(Versiones Taquigráficas - República de Cuba)

Compañero General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución Cubana; 

Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República; 

Compañero Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado; 

Comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura; 

Queridas diputadas y diputados; 

Como todos conocemos, nuestro país enfrenta uno de los momentos más complejos desde el Periodo Especial. Se ha producido una combinación de medidas coercitivas estadounidenses que no tiene precedentes en la historia contra Cuba, llegando, incluso, a la interrupción del suministro de combustibles y de todas las fuentes de ingresos en divisas del país, lo que lógicamente ha incidido de manera significativa en el deterioro e inestabilidad de la infraestructura energética y con ello la calidad de vida de millones de cubanas y cubanos.

Nunca hemos negado errores e insuficiencias propias; sin embargo, este conjunto de factores ha influido de manera sostenida en la implementación efectiva de las transformaciones a nuestro Modelo Económico y Social aprobado desde el Sexto Congreso del Partido, en el año 2011, que tuvo resultados positivos hasta mediados del 2019 cuando se produjo el recrudecimiento sustantivo de la política de sanciones adoptada por el Gobierno de los Estados Unidos, reforzada a inicios de enero del año 2025.

En ese contexto, el Partido y el Gobierno, en ejercicio legítimamente soberano, han venido impulsando medidas para reactivar la economía y corregir distorsiones, proceso que se ha fortalecido con la aprobación del Programa Económico y Social del Gobierno, validado por nuestro pueblo mediante consulta popular.

En el escenario actual, tomando como referencia directa esta savia, este sentir popular, hemos decidido proponer transformaciones de impacto estratégico en el Modelo Económico y Social de la nación, sin que ello implique renunciar a la preservación de las principales conquistas de la Revolución.

Las transformaciones que les presentaremos encuentran su primer fundamento en el pensamiento del Comandante en Jefe, no como renuncia a la construcción del socialismo, sino como condición para su preservación. En el año 1993, en medio del Periodo Especial, advirtió: “Hoy la vida, la realidad, la dramática situación que está viviendo el mundo, este mundo unipolar, nos obliga a hacer lo que de otra forma no habríamos hecho nunca si hubiésemos tenido capital y si hubiésemos tenido tecnologías para hacerlo”.

Sin renunciar jamás al socialismo, estas transformaciones han sido diseñadas partiendo del principio rector de hacer lo necesario para conservar lo esencial.

La ampliación de la participación de todos los actores económicos en igualdad de condiciones, y de la inversión extranjera, o la admisión de los mecanismos de mercado como instrumentos de asignación de recursos, no constituyen, bajo esta lógica planteada, una claudicación, sino el ejercicio soberano de adecuar los instrumentos del desarrollo a las circunstancias concretas que vive el país.

El General de Ejército Raúl Castro Ruz en la conducción del proceso de dirección de la actualización del Modelo Económico y Social cubano, formalizado en los Lineamientos y en la Conceptualización aprobados en los últimos congresos del Partido, basa su premisa en no ser dogmáticos ni inmovilistas; en desterrar la asociación mecánica entre socialismo e igualitarismo, y en reconocer que la planificación socialista no excluye, sino que debe incorporar y regular, las reglas del mercado.

Compañeras y compañeros:

Para la elaboración de las propuestas de transformaciones se consideraron las indicaciones del General de Ejército y del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República; el Programa Económico y Social del Gobierno 2026; la propuesta de actualización de la Conceptualización del Modelo Económico y Social, y los acuerdos del Congreso de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba.

También se tuvo en cuenta el resultado de las consultas a 46 compañeros, que incluyó a los principales cuadros del Estado y del Gobierno, a los jefes de entidades nacionales, a presidentes de OSDE, a expertos y académicos; a representantes de las comisiones económicas del Partido y de la Asamblea Nacional, de la ANEC, a economistas y a 87 miembros de la Estructura Auxiliar del Comité Central del Partido.

Se recibieron 390 propuestas, aceptándose el 66,7 %; el resto se corresponde con el proceso de implementación posterior, otras valoraciones positivas que se hicieron del documento, así como aspectos que no constituyen transformaciones en sí.

Como resultado del análisis de las propuestas de transformaciones realizadas en el Buró Político, fueron incorporadas al documento 69 recomendaciones.

En el día de ayer, como expresó el compañero Lazo, se realizó un amplio debate en la Sesión Extraordinaria del Pleno del Comité Central del Partido, cuyas propuestas y reflexiones se analizan para enriquecer este documento.

El documento que se presenta recoge 176 propuestas de transformaciones agrupadas en 23 ejes fundamentales de la vida económica y social del país.

Entre las principales transformaciones que se proponen como parte del Sistema de Dirección de la Economía están las relacionadas con el modelo de gestión de los actores económicos. Dentro de ellas, para la empresa estatal socialista, se decide:

Ampliar las facultades del sistema empresarial estatal, en aras de que opere con mayor autonomía y en similares condiciones con el resto de los actores económicos, lo que incluye la realización de cualquier actividad lícita, sin abandonar el objeto social principal. En lo adelante, lo que se apruebe al resto de los actores se aplicará a la empresa estatal socialista.

Descentralizar al sistema empresarial la facultad de aprobación de los precios mayoristas y minoristas. En la formación se tendrán en cuenta los costos, gastos, tendencias del mercado, cadenas de valor y las relaciones verticales y horizontales entre los diferentes actores económicos.

Redimensionar las organizaciones superiores de dirección empresarial (OSDE), sin incluir funciones estatales ni aquellas que son propias de las empresas.

Es primordial tener claro que por el hecho de que las empresas estén integradas en organizaciones superiores de dirección empresarial no pueden perder la autonomía en su gestión y funcionamiento.

Facultar a las OSDE para la creación de empresas y mipymes estatales y, a su vez, a las empresas para la aprobación de sus empresas filiales y mipymes estatales, y a ambos actores –a las OSDE y a las empresas– se les faculta para que decidan la fusión, la extinción, liquidación y otros movimientos organizativos, según corresponda. Hoy todas estas facultades están centralizadas en el Ministerio de Economía y Planificación.

Además, se facultará a las OSDE para que ellas mismas definan sus propias estructuras y plantillas, así como para agrupar cargos administrativos o subcontratar servicios.

Se flexibiliza lo establecido para que la empresa apruebe el destino de las utilidades después de pagar los impuestos.

Actualizar las funciones y facultades de las Juntas de Gobierno para hacer más flexible su funcionamiento.

Permitir el acceso al mercado cambiario en las nuevas condiciones, derivadas de la implementación de estas transformaciones, a las estructuras empresariales que participan en las cadenas de suministros.

Se descentraliza para el sector empresarial la definición de sus propias escalas salariales. Los niveles de salarios negociados con los trabajadores y con la participación del sindicato solo dependerán de la capacidad económica y financiera de las empresas.

Se propone cambiar la relación del Presupuesto del Estado con el sistema empresarial, lo que incluye la revisión y eliminación gradual de la carga financiera y los subsidios a las empresas.

Para que se tenga una idea, el Presupuesto del Estado subsidia con 92 500 millones de pesos al sistema empresarial; de ellos, el 50 % está destinado exclusivamente a subsidiar la tarifa eléctrica.

Se faculta a los Gobiernos Provinciales y a los Consejos de la Administración municipales para la creación, constitución, fusión, extinción y liquidación de empresas estatales locales y el resto de los movimientos organizativos. Con esto los municipios quedan facultados para aprobar los actores económicos estatales y no estatales en su demarcación.

Reducir al mínimo imprescindible los indicadores para poder medir la eficiencia del sistema empresarial estatal.

Permitir y fomentar que las empresas, incluyendo las privadas, puedan realizar inversiones financieras.

Diseñar instrumentos financieros que permitan la capitalización de las empresas sin la participación del Presupuesto del Estado.

Implementar un programa nacional de valoración y titulación de activos empresariales estatales. Ello se refiere a los conocidos avalúos como método para definir el valor real de nuestros activos, y para ello se propone realizar un inventario nacional de activos tangibles e intangibles del sistema empresarial con valoración de mercado.

Emitir certificados de propiedad ejecutables que puedan constituirse en garantía colateral para créditos bancarios.

Permitir que las empresas estatales moneticen activos subutilizados mediante arrendamiento a largo plazo a diferentes actores de la economía y a la inversión extranjera.

Se propone diseñar un sistema empresarial eficiente y competitivo que genere ingresos para el apoyo a los servicios de los organismos del sector social. Ello permitirá sumar otras vías de ingreso, sin eludir la responsabilidad que tiene el Presupuesto en sustentar nuestro sistema de Salud, Educación, Cultura y Deporte.

Se define establecer procedimientos para la quiebra, liquidación y reestructuración de activos con pérdidas sostenidas en el sector empresarial.

Una propuesta empresarial de gran trascendencia que se hace es transformar a la empresa estatal socialista en sociedad mercantil, por acciones o participaciones. Para ello el Estado definirá su participación accionaria en los sectores de la economía, garantizando en los estratégicos su presencia mayoritaria.

Las empresas estatales podrán comprar acciones a otras empresas; también podrán comprar acciones las formas de gestión no estatal y personas naturales, en la gradualidad que así se defina. Para este proceso será necesario clasificar las empresas.

En el particular de las formas de gestión no estatal y cooperativas agropecuarias se propone autorizar la creación de las mipymes y cooperativas no agropecuarias pendientes de aprobación en la plataforma de actores económicos, proceso que ha sido muy dilatado.

Hasta el momento han sido aprobadas 12 751 mipymes no estatales, y se encuentran en diferentes etapas y procesos 7 254 solicitudes, de las que se han certificado y se actualizan por los solicitantes 3 505 –es decir que retornaron–, y las demás serán aprobadas en lo que resta de mes.

Se les ha pedido a los solicitantes que están actualizando esas 3 505 que, una vez que concluyan, nos las vuelvan a presentar para hacer un análisis expedito para su aprobación, porque necesitamos seguir sumando nuevos actores que produzcan, que presten servicio.

Reducir con ello los requisitos, los trámites y términos para la creación, conversión y operación de las formas de gestión no estatal, incluso definiendo y quitando en algunos casos la aprobación administrativa y que así los tiempos se minimicen.

Permitir la contratación de más de 100 trabajadores. Las mipymes hoy tienen un límite hasta 100 trabajadores, pero a partir de esta cifra se clasificarán no como mipymes, sino como empresas privadas.

Permitir que una persona natural pueda ser titular de más de una empresa privada. Hoy solamente puede tener una mipyme; con esta decisión puede ser titular de más de una.

Ampliar las formas societarias bajo las que puedan organizarse las empresas privadas, incluyendo sociedades anónimas por acciones, al igual que ya expresamos para la empresa estatal.

Permitir que una misma persona cuente con participación accionaria en más de una empresa privada. O sea, puede ser titular de dos o más empresas privadas, pero puede tener acciones o participación en varias empresas o mipymes.

Conceder derechos reales, en usufructo y superficie, a empresas privadas o cooperativas, con el fin de realizar inversiones para el desarrollo de sus actividades productivas o de servicios. Hasta el momento eso está totalmente prohibido, y es por eso que muchos de los negocios se hacen en las propias viviendas de las personas. Con esta decisión pueden solicitar un terreno y pueden construir el inmueble que requieren para desarrollar su actividad comercial.

Autorizar que los depósitos de divisas en efectivo de actores no estatales se acrediten en cuentas bancarias en la misma moneda que lo depositó, sujeto a una declaración del origen lícito de estos fondos, pero que tenga el derecho de extraer ese dinero en la misma moneda que lo depositó.

Permitir que la forma de gestión no estatal desarrolle otras actividades productivas y de servicios sin abandonar su actividad principal, es decir, eliminar ese objeto social complementario o secundario.

Reducir la lista de actividades prohibidas para los actores económicos no estatales.

Nosotros estamos concluyendo la actualización del Decreto 107, que hoy contempla –y está vigente hasta este momento– 125 actividades no autorizadas a ejercerse por las diferentes formas de gestión no estatal. Como parte del proceso, que ya está concluyendo, se ha identificado que pueden ser eliminadas unas 70 prohibiciones de las actuales.

Con la decisión de flexibilizar y reducir al mínimo los términos para la aprobación de estos actores no estatales se requerirá revisar la Plataforma de Actores Económicos, con el empleo de inteligencia artificial, garantizando en todo momento su transparencia, trazabilidad y agilidad.

Transformar la estructura institucional y las formas de propiedad y gestión de la base productiva del sector agropecuario. Permitir en ese sector las empresas privadas en la actividad agropecuaria. Hasta ahora conocemos las cooperativas, hay productores que tienen hasta más de 300 trabajadores agrícolas y, sin embargo, no están organizados; con ello hay que reconocer que son empresas agropecuarias.

Desarrollar un mercado de insumos con la participación de todos los actores y con la posibilidad de acceder al mercado cambiario.

Crear una Plataforma Nacional para Encadenamientos Productivos que establezca la obligación de las empresas de publicar sus necesidades, sus proyectos, necesidades de insumos, de subcontratación, así como el otorgamiento de incentivos fiscales por los niveles de compra de los productos nacionales.

Paso ahora a las transformaciones en las relaciones de propiedad, así como las diferencias entre propiedad y gestión:

Primero, se ratifica la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción y se avanzará en la gestión no estatal sobre estos medios.

Permitir la compra de acciones de empresas estatales por parte de personas jurídicas estatales y no estatales, nacionales y extranjeras, así como personas naturales.

Permitir la venta de propiedades estatales a personas jurídicas y naturales nacionales y extranjeras, incluyendo a cubanos residentes en el exterior, siempre que se demuestre el origen lícito de los fondos.

Crear un programa de inversión que incentive la participación de empresas cubanas, tanto de cubanos residentes en el país como en el exterior.

Reconocer el crecimiento legítimo del patrimonio financiero y material de las personas jurídicas y naturales. Es lógico que si estamos dando la oportunidad de incrementar los negocios, de ser propietarios de más empresas, se reconozca ese crecimiento legítimo del patrimonio tanto financiero como material.

Se define garantizar la protección de los derechos laborales y sociales sin permitir la explotación indiscriminada del hombre por el hombre.

Sobre las transformaciones en el sistema de planificación de la economía se propone:

Perfeccionar la planificación de mediano y largo plazos, enfocada en el diseño del desarrollo, priorizando los equilibrios macroeconómicos; reducir problemas estructurales y dar señales de política para los diferentes actores económicos.

Incorporar en las proyecciones del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el año 2030 y en las Estrategias de Desarrollo Provincial y Municipal las actividades económicas, comerciales y de servicios de los actores económicos no estatales, de los cuales hemos reconocido que hoy no existe un control claro de todo lo que producen y de todo lo que hacen, y, por tanto, con esto se incorporan, se reconocen e incluso se incluyen en la planificación estratégica, territorial y local.

Es vital transformar el sistema de planificación a partir de las facultades que se otorgan con estas transformaciones a los diferentes actores, en la búsqueda de recursos materiales y financieros. Es por ello que se propone transitar hacia un modelo de planificación financiera donde el Estado abandona progresivamente la distribución física de recursos, dando mayor participación a las señales del mercado.

Las empresas estatales accederán de forma descentralizada a insumos, divisas, combustibles y otros recursos para su producción a través de mecanismos de mercado. Lo que pueda adquirir el Estado tendrá como destino ir priorizando todas las instituciones y los servicios sociales, y, por tanto, todo el sistema empresarial estatal y no estatal tiene que a partir de su gestión y sus propios recursos ir buscando satisfacer sus demandas.

El encargo estatal se ejecutará mediante un esquema contractual entre entidades oferentes y demandantes.

El proceso de planificación deberá tener presente la satisfacción de la demanda del mercado interno; sean cuales sean los actores, hay que tratar de tener en cuenta y producir lo que se demanda en el país.

Mantener los balances fundamentales de la economía. Tenemos que tener un control elemental, tanto los balances agroalimentarios, los de divisas, los energéticos como el Presupuesto del Estado, convirtiéndose en instrumentos de diagnóstico, anticipación y corrección de políticas.

Ampliar los límites de aprobación de las inversiones a partir de la descentralización de las facultades a las empresas estatales, a las sociedades mercantiles y a inversión extranjera. ¿En función de qué? De las capacidades propias, tanto financieras como del acceso a recursos. Es decir que no sea ese nivel tortuoso para hacer una inversión; si usted dispone, genera los recursos, puede decidir hacer esa inversión.

Con relación a las transformaciones y redimensionamiento del sector presupuestado se propone, sobre todo, el redimensionamiento de la Administración Central del Estado.

Ya circula una propuesta de ley que trae implícita una reducción sensible de ministerios, lo que incluye, además, la reducción y disminución de todas las estructuras presupuestadas del Estado y del Gobierno.

Lo anterior también impactará en el redimensionamiento de las estructuras y plantillas de las administraciones territoriales y locales.

Sobre el fortalecimiento y la autonomía de los municipios se proponen transformaciones. Ese empoderamiento del municipio, esa necesidad de lograr la autonomía en los municipios, estamos proponiendo que parta de descentralizar, desde los diferentes niveles –la nación, la provincia– hacia los municipios, lo siguiente: la........

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