Es un debate que lleva décadas encima de la mesa, incluso fue protagonista de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que hace dos años recogió más de 700.000 firmas. Un largo camino de reivindicaciones hasta que, por fin, el pasado 26 de enero, el Gobierno impulsó con el respaldo de Podemos el cambio en la ley que hará posible regularizar la situación de hasta medio millón de personas migrantes en España, según estimaciones del propio Ejecutivo.

Han pasado 21 años desde la última regularización, y esta vez el cambio llegará a través de un real decreto ley. Cuando se apruebe, el texto permitirá que las personas sin antecedentes penales y que hayan vivido en nuestro país de forma continuada al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025 puedan solicitar un permiso de residencia y trabajo.

Desde que se conoció la medida, la extrema derecha ha estado difundiendo desinformación y bulos a través de sus agitadores digitales y portavoces habituales, generando controversias en torno a lo que realmente supone esta regulación, e intentando imponer en la opinión pública su marco xenófobo y de odio.

Esta atmósfera política, donde la ultraderecha pretende constantemente capitalizar el enfoque racista y excluyente en el debate migratorio, también explica por qué la regularización se ha llevado a cabo mediante la emergencia de un real decreto y no siguiendo el curso parlamentario que requiere cualquier ley ordinaria, y donde podría retrasarse o directamente quedar bloqueada por las derechas –como ya ha ocurrido con la revalorización de las pensiones o la moratoria de desahucios–.

Tras conocerse, el texto del real decreto fue sometido a audiencia pública, un periodo de consulta que finalizó el pasado viernes 6 de febrero, y en el que tanto la ciudadanía como colectivos y organizaciones sociales pueden presentar aportaciones y enmiendas al texto antes de su aprobación definitiva y su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El calendario previsto por el Gobierno fija que el plazo para presentar solicitudes de regularización se abrirá a partir de principios de abril y se extenderá hasta el 30 de junio de 2026. Este proceso extraordinario responde a un diagnóstico compartido por el Ejecutivo y varias organizaciones que trabajan en materia de extranjería de que en España existe una bolsa de población muy significativa que ha ido quedándose al margen de las vías ordinarias de regularización, con importantes implicaciones sociales y económicas.

Esto, según la coordinadora del servicio jurídico en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Elena Muñoz, sucede porque “las vías ordinarias del reglamento de extranjería no han sido flexibles para absorber a esa población”. Muñoz comenta que, a pesar de que en 2025 los requisitos se flexibilizaron, la ley “sigue exigiendo que las personas estén dos años en situación irregular”.

Existen otras vías para formalizar la situación administrativa de los migrantes, pero están vinculadas a tener un contrato de trabajo, o matricularse en determinados........

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